Guardabosques fallecidos en acto de servicio y que las administraciones no indemnizan

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La fundación The Thin Green Line, uno de los mayores referentes mundiales de los agentes medioambientales, alerta de la indefensión institucional de estos funcionarios España

Entierro de los agentes asesinados en Cataluña en enero de 2017.

ALBERT GARCIA

MARTA RODRÍGUEZ

Girona - 26 ENE 2023 - 05:15 CET

Ninguna de las familias de los tres agentes forestares fallecidos -o asesinados- mientras estaban trabajando, en los últimos años, en España ha recibido un céntimo de las administraciones públicas para las que trabajaban sus allegados. Esta ausencia de indemnizaciones han indignado al australiano Sean Willmore, director general de la Fundación The Thin Green Line -dedicada a brindar la asistencia que necesitan a guardabosques de todo el mundo - y entre 2012 y 2019 presidente de la Federación Internacional de Rangers (IFR) que agrupa a casi a un millón de ellos. Willmore ha redactado una carta abierta en la que insta a las administraciones españolas a hacer “lo correcto” tras participar el pasado octubre en el VI Congreso Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales en la Rioja.

En los últimos 40 años, 26 Agentes Medioambietales han muerto en España. Cinco fueron asesinados. Entre ellos se encuentran -Xavier Ribes de 43 años y David Iglesias de 39- los dos agentes forestales que fueron abatidos en Aspa (Lleida) en 2017. Los 21 restantes han perecido en incendios forestales, como Fran Santana de 54 años en la isla de la Palma en 2016, en accidentes de tráfico, por caída de rocas, en accidente de helicóptero, por un suicidio declarado accidente de trabajo, o ahogado como Juan Pedro Cruz-Sagredo, de 55 años, por la subida de un río en Salamanca el pasado diciembre. Ninguno de los perecidos en acto de servicio en los últimos años ha recibido ni un euro de las administraciones competentes, ni del Cabildo de la Palma, ni de la Generalitat, ni se espera de la Junta de Castilla y León.

The Thin Green Line es la única organización dedicada exclusivamente a dar asistencia a los guardabosques. La entidad tiene una amplia gama de programas efectivos desde Kenia a Tanzania, Costa Rica, Guatemala, Tailandia y en más lugares del mundo. Si un guardabosques pierde la vida en el cumplimiento del deber, la entidad ayuda a garantizar que las viudas y las familias sean atendidas en el futuro.

La fundación dona 2.000 dólares a cada familia de forestales fallecidos. The Thin Green Line, cuando tuvo conocimiento que las administraciones responsables de la seguridad de los agentes fallecidos en España habían “desatendido a las familias”, les hicieron llegar esta cantidad. Conscientes de que esta suma no tiene el mismo impacto en un país pobre que en uno rico, las familias de los agentes quisieron renunciar argumentando que era la administración quien debía responder cuando perdía la vida un trabajador en acto de servicio y que este dinero podía ser mucho más útil en países subdesarrollados. La fundación australiana no sólo hizo el pago sino que se comprometió a pedir formalmente por carta a las autoridades españolas que fueran solidarias con las familias de su personal fallecido.

La carta empieza recordando que el año pasado 150 Rangers murieron en el cumplimiento del deber en todo el mundo, con poca o ninguna compensación a las familias que dejaron atrás. Willmore sostiene que han visto la necesidad de extender su ayuda monetaria a las familias de los agentes asesinados y fallecidos en España al saber que “no recibieron apoyo de sus gobiernos a pesar de ser un país desarrollado y con recursos económicos”.

“Ya que el mundo aspira a tener el 30% de sus tierras y aguas protegidas para 2030″, sigue la misiva, “es importante que instemos a todas las administraciones a que garanticen que los que trabajan en la primera línea de la protección de la naturaleza, también estén protegidos”. Para Willmore es primordial que cuando se pierde una vida en el cumplimiento del deber, “el mundo desarrollado lidere el camino para apoyar tanto a sus guardabosques en el campo como a las familias de los asesinados o fallecidos mientras protegen nuestro medio natural, nuestro futuro”. Por ello pide a las administraciones españolas responsables de los cuerpos de agentes forestales y medioambientales a que “hagan lo correcto, convirtiéndose en referente en el cuidado de sus héroes de la conservación”.

Esta semana se han cumplido seis años del doble asesinato de los agentes forestales en Aspa (Lleida) y la Generalitat sigue sin pagar la indemnización. La Audiencia la fijó en 1.077.000 euros, pero como el asesino se declaró insolvente sólo cobraron 300.000 euros del seguro del cazador. Tras finalizar la vía penal presentaron una reclamación patrimonial a la Generalitat pidiendo la cuantía que les faltaba. En septiembre de 2020 la comisión jurídica asesora concluyó que el daño sufrido por los agentes en una inspección de caza “se debió a la intervención determinante de un tercero -el cazador- ajeno al funcionamiento del servicio público” y que era “un evento lesivo muy difícil de prevenir”, negando la “relación causa-efecto” que implicaría una responsabilidad. Agricultura se opuso a la demanda y el abogado de las familias, Pau Simarro, recurrió a la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC. Todavía no se ha dictado sentencia.

Manel Vidal, exrepresentante sindical de CCOO, asegura que “las reclamaciones no son solo de la indemnización económica que permita a los huérfanos cursar los estudios que podrían haber hecho con sus padres vivos”, también hay “una necesidad de reconocimiento por parte de la administración que les estaba mandando a hacer un trabajo sin las medidas preventivas necesarias”. “Cada uno de ellos, estaban haciendo su trabajo como se les había ordenado y no regresaron a sus casas”, lamenta.

Los guardianes de la casa de todos

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DESDE TOLVA

SERGIO RUIZ ANTORÁN

Los forestales se merecen el respeto de la sociedad y una ley básica que regule su labor

15·05·21 | 10:00

Hace treinta años se encontró el cuerpo sin vida de Pascual Garrido en Arguis. No llegaba a la treintena cuando fue asesinado de forma brutal con una motosierra que nunca apareció. Esta ausencia del arma del crimen salvó de la condena a ocho sospechosos, presos de la cárcel de Huesca que realizaban labores forestales y, supuestamente, dado que no pudo probarse, aprovechaban estas salidas para traficar con drogas. La investigación de la Guardia Civil apuntaba a que el guarda de Conservación de Naturaleza descubrió el delito y eso le costó la vida.

Este caso de impunidad quizá podría haberse evitado si el agente hubiera ido armado y tuviera capacidad para intimidar, eludir o responder al ataque. Esta es una reclamación casi histórica de los colectivos de forestales, aunque en algunas excepciones y territorios sí se da esta protección. La realidad de un suceso tan insólito y bárbaro podría ser argumento para que los críticos desmonten la supuesta indefensión de aquellos que cuidan de nuestra naturaleza. Revisar otro caso como el doble asesinato en Aspa (Lérida) en 2017 podría definirse como oportunista, aunque las denuncias de los colectivos y asociaciones de estos profesionales por amenazas, enfrentamientos, sabotajes… no son meras esporádicas.

Es injusto decir que la gente del campo no tiene respeto hacia los Agentes de Protección de la Naturaleza. Tan injusto como el trato y las suspicacias que su labor recibe de aquellos que les consideran como un inconveniente para desarrollar esas actividades que «siempre se habían hecho» y ahora son reguladas o, directamente, acciones ilegales que atentan contra el entorno, la flora y la fauna de todos.

Es injusto que un grupo profesional formado por 6.000 personas, unos 300 en Aragón, no esté bajo una regulación elemental del Estado que, sin invadir las competencias autonómicas, garantice la seguridad jurídica de sus actuaciones y armonice aspectos comunes de sus funciones y mejore su organización y eficacia.

La moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 suspendió los avanzados trámites de esta Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, que, en la presente legislatura se encuentra en fase previa de consultas.

A esta espera casi infinita ellos y ellas seguirán patrullando kilómetros y kilómetros de país ejerciendo un trabajo al que no se llega por casualidad, completamente vocacional, por amor a la naturaleza, a cuidar lo que es de todos, nuestra casa. Sin recibir el homenaje ni los medios que sí tienen otros cuerpos. El que merecen.

El asesinato del forestal de Arguis: 30 años de impunidad y una duda razonable

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 Pascual Garrido murió hace ahora tres décadas por ser testigo involuntario de un delito. Esta fue la principal hipótesis de las dos investigaciones fallidas sobre el conocido como crimen de la motosierra, con seis acusados finalmente absueltos y un arma que nunca apareció. 

Ver también: 1991/04/guarda-forestal-asesinado

 

 Pascual Garrido aportando comida a un muladar de quebrantahuesos. La foto la tomó su compañero David Gómez Samitier (fallecido en un accidente de tráfico) y está incluida en su libro 'Pájaro de Barro'. David Gómez Samitier

 

Dicen los expertos que el crimen perfecto no existe. Existen crímenes no investigados suficientemente. Sea por una indagación incompleta o porque los autores no dejaron el más mínimo rastro, lo cierto es que el brutal asesinato del guarda forestal Pascual Garrido con una motosierra en el pueblo de Arguis sigue impune al cumplirse 30 años del suceso, uno de los más atroces de la crónica negra de Aragón. A priori parecía haber pocas dudas sobre la autoría. Todo apuntaba a una rápida solución. Sin embargo, tras dos instrucciones fallidas, los seis sospechosos fueron absueltos y no podrán volver a ser juzgados. Ni ellos ni cualquier otro, ya que el delito está prescrito.  

La asociación Aminta de ayuda a huérfanos de agentes forestales y medioambientales fallecidos en acto de servicio ha recordado el aniversario del asesinato, ocurrido el 2 de abril de 1991, para clamar por lo que considera una injusticia. Sin castigo, la herida sigue abierta, asegura. En el lugar de los hechos, una caseta del antiguo Comena cercana al embalse de Arguis, había un peligro distinto a los habituales para un guarda de protección de la naturaleza. El edificio, reconvertido hoy en un centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra de Guara, lleva el nombre de Pascual Garrido en su memoria. 

El asesinato del forestal de Arguis, conocido como el crimen de la motosierra, provocó una profunda conmoción social. Por la personalidad de la víctima, un joven amable y muy apreciado de solo 28 años, y por las características del suceso: la presencia de un grupo de reclusos en el lugar aquella mañana, el uso de un arma tan mortífera y el móvil del tráfico de drogas. Los reclusos disfrutaban del tercer grado penitenciario y hacían un curso de prevención de incendios. El suceso reveló la facilidad de movimientos de la que disfrutaban en sus salidas, pese a estar acompañados de un monitor, ya que incluso recibían la visita de familiares. Aquel día habían ido al menos el hermano de uno y un amigo y la mujer y los hijos de otro. 

"Estaba protegiendo un águila en un sitio donde al final había un peligro distinto a aquellos con los que se enfrentan los agentes forestales”

Esa mañana, Pascual había ido a atender a una águila herida que dejó en la caseta forestal de Arguis. Un compañero suyo encontró el cuerpo horas después, salvajemente mutilado. La presencia del grupo de internos de la cárcel de Huesca en la zona puso enseguida el foco en ellos. Fueron acusados cuatro de los ocho participantes, además de dos presuntos cómplices que habían ido a visitarlos. Pero la investigación se enredó, hasta el punto de que el caso fue sobreseído, y cuando se reabrió acabó en una sentencia absolutoria.

La caseta forestal de Arguis donde sucedieron los hechos es hoy un centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra de Guara y lleva el nombre del agente asesinado.

Rafael Gobantes

 

Pascual estaba en el sitio inadecuado en el momento más inoportuno, señala Antonio Gutiérrez, presidente de la asociación Aminta, quien alude a la tesis mantenida por la acusación: lo mataron porque fue testigo involuntario de un intercambio de droga entre los presos y algún familiar que acudió a Arguis.

“Ha habido asesinatos de forestales por furtivos o cazadores, accidentes en vehículos y helicópteros, incendios.. pero el caso de Pascual es único. Estaba protegiendo un águila en un sitio donde al final había un peligro distinto a aquellos a los que se enfrentan los agentes”, señala Gutiérrez, quien recuerda que el caso adquirió un tono más dramático por el arma homicida, una motosierra que se desvaneció como por arte de magia. Se la buscó en el bosque y en el pantano, e incluso en las obras de la carretera, pero nunca apareció. “Es el único caso que hay en España con esos tintes de crueldad. Ese ensañamiento con él a la hora de usar la motosierra… Es raro, porque una motosierra no desaparece de modo tan fácil”, comenta.

“Ha habido asesinatos de forestales por furtivos o cazadores, accidentes en vehículos y helicópteros, incendios.. pero el caso de Pascual es único"

A la pregunta de si se investigó suficientemente, responde el hecho de que llegó a haber dos procesos indagatorios. El instructor judicial detuvo en un primer momento a los reclusos como presuntos autores de la muerte y a dos personas que los visitaron, pero semanas después los dejó en libertad por falta de indicios claros. Finalmente, en noviembre de 1992, el juez, Fernando Ferrín Calamita, lo sobreseyó.

Pasado un año, la investigación se reactivó tras la delación de un recluso. El magistrado reabrió la causa y los sospechosos volvieron a prisión por estos hechos. Incluso se les dispersó en distintas cárceles para evitar que se comunicaran. Según ese preso, que fue compañero de celda en Huesca de uno de los internos que estuvieron en Arguis, este le había contado los detalles del crimen. El implicado confesó ante la Guardia Civil y ante un juez. Dijo que vigiló la caseta forestal mientras otros tres acometieron a la víctima: dos lo sujetaron y un tercero lo mutiló con la motosierra.

Con estas declaraciones, en febrero de 1994, el juez instructor dictó auto de procesamiento contra cuatro reclusos, el hermano de uno de ellos y un amigo de este que habían ido a visitarlo a Arguis desde Zaragoza y estaban considerados cooperadores necesarios. Se sospechó que se llevaron el arma homicida para ocultarla en unas bolsas de basura que cargaron en el coche. Según ese auto, la caseta se usaba para traficar con heroína, que luego se introducía en prisión aprovechando las salidas de los presos. Pascual Garrido lo descubrió y le costó la vida.

El caso llego a juicio cuatro años después del crimen. Las acusaciones solicitaron 204 años de prisión para los seis procesados por los delitos de asesinato y tráfico de drogas, así como la declaración de la responsabilidad subsidiaria del Estado, ya que los reclusos estaban bajo la tutela de la Administración penitenciaria. Mantenían que cuatro de los reclusos asesinaron al forestal cuando los pilló traficando, contando con la complicidad del hermano de uno de ellos, que llevó a Arguis la droga que luego introducirla en prisión. También apuntaron a que estos se encargaron de deshacerse de la motosierra. Por contra, las defensas reprocharon a lo largo de todo el proceso que el foco se puso desde el principio sobre estas personas y ya no hubo más sospechosos.

En el juicio, el recluso que había confesado ser testigo directo del crimen a manos de sus compañeros se desdijo y el caso se derrumbó como un castillo de naipes. Además, el tribunal de la Audiencia de Huesca determinó que desde el lugar donde dijo estar, el aparcamiento de un bar, no pudo verlo. "Hasta pudo ser el mismo quien empuñara el arma homicida”, concluyó.

Cuatro años de instrucción quedaron resumidos en una sentencia absolutoria con apenas  42 líneas de hechos probados, de las cuales 28 describían las múltiples lesiones causadas por la motosierra. Las certezas se redujeron a dos: la presencia en el lugar del crimen de cuatro de los acusados disfrutando del tercer grado penitenciario junto a otros compañeros y un monitor de la cárcel de Huesca encargado de su instrucción; y la libertad de movimientos de la que disfrutaban, sin estar sometidos a vigilancia durante amplios espacios de tiempo. 

Los magistrados no ocultaron sus dudas. “Tenemos la vehemente sospecha de que los hechos pudieron suceder tal y como vienen defendiendo las partes acusadoras, respaldas por las interminables contradicciones de los acusados y testigos, pero las pruebas no nos han permitido llegar en conciencia a un estado de certeza moral sobre la efectiva participación de los acusados”. Ni siquiera se probó que llevaran droga, aunque este fuera el eje de la instrucción. Así, la Audiencia de Huesca concluyó que no se podía imputar ninguno de los dos delitos. El principio ‘in dubio pro reo’ se impuso a la hora de determinar el fallo.

El penalista Enrique Trebollé fue abogado de dos de los implicados, dos hermanos, que siempre negaron su participación. Reconoce que ha sido uno de los casos más relevantes de su dilatada carrera profesional. "Fue un juicio largo, de sesiones maratonianas. El tribunal, tras intensas deliberaciones, dudó pero absolvió, dijo que tenía fuertes sospechas, vehementes, pero no pruebas. Aplicó el principio del derecho penal de 'in dubio pro reo', en caso de duda a favor del reo, y no había pruebas objetivas, como restos de ADN".  

Francisco Loste, otro de los abogados defensores, asegura que la “sentencia fue muy razonada”. El testigo de referencia, el compañero de celda, flaqueó en la vista y tampoco  ofreció credibilidad. Insiste en la ausencia de pruebas materiales: el arma no apareció nunca y las ropas de los presos se lavaron con lejía tras volver al centro penitenciario, pero “esta era la operativa del penal, no fue algo especial”, aclara. “Tampoco faltó ninguna motosierra del curso, y no coincidía la hora de la muerte dictaminada por el forense con la hora de llegada de los presos”.

El letrado recuerda el impacto mediático que tuvo el caso en su momento, porque la víctima era una persona muy conocida y apreciada. “Todo apuntaba a ellos, pero al profundizar se vio que no. En la instrucción no se dejó de mirar nada y no hubo una prueba concluyente”, declara Loste. 

El fiscal del caso, Fernando García Vicente, luego Justicia de Aragón, intentó recurrir, pero la Fiscalía del Supremo desestimó instar la apelación al considerar que aunque las pruebas existentes eran más que suficientes para sostener una acusación, la sanción penal no puede fundarse en sospechas, probabilidades o posibilidades. Así, el crimen del forestal de Arguis pasó a engrosar los estantes de los casos sin resolver. La única certeza, 30 años después, es el impunidad de los asesinos.   

Culpable de dos delitos de asesinato el cazador que mató a dos Agentes Rurales en Lleida

El jurado popular cree que los mató sorpresivamente, sin que se pudieran defender y que sabía lo que hacía

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Ismael Rodríguez (segundo por la izquierda), en el juicio de este lunes. JAVI MARTÍN

El jurado popular que durante toda esta semana ha juzgado en la Audiencia de Lleida a Ismael Rodríguez, el vecino de Vacarisses (Barcelona) que el 21 de enero de 2017 mató de cuatro disparos a dos agentes rurales que estaban haciendo una inspección rutinaria de caza, le ha declarado culpable de dos delitos de asesinato. Cree probado que “actuó de forma sorpresiva y sin que tuvieran posibilidad de defenderse” (alevosía), aunque no han considerado probado que los matara “para evitar ser descubierto con la licencia tipo E caducada o sin el pase del coto”, porque “solo puede saber él por qué disparó”. El jurado ha apreciado una atenuante de confesión, pero no que tuviera ningún tipo de alteración mental. El magistrado presidente dictará la sentencia en los mpróximos días.

Los nueve miembros –siete hombres y dos mujeres– del jurado popular que este jueves sobre las 14.30 horas se encerraron a deliberar, han emitido su veredicto en escasas horas y prácticamente todo por unanimidad. Han declarado probado que el día de los hechos Rodríguez, de 30 años, estuvo cazando en el coto de Aspa sin haber recogido el pase necesario (delito contra la fauna), con una escopeta para la que no tenía licencia porque le había caducado (delito de tenencia ilícita de armas) y sobre las 10.50 los dos agentes rurales, Xavier Ribes y David Iglesias, se le acercaron uniformados y en el ejercicio de sus funciones y le dieron los buenos días y le pidieron que descargara el arma.

En ese momento el acusado “se giró y con el ánimo de acabar con sus vidas, les apuntó y disparó a los dos, se acercó y volvió a disparar, para lo que tuvo que recargar el arma”. Les disparó de forma sorpresiva en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado a agente de la autoridad) y no se pudieron defender.

Solo la Fiscalía y la Generalitat pedían la atenuante de confesión que han apreciado al considerar probado que, antes de saber que la investigación de los hechos se dirigía contra él, llamó al 112 comunicando que había matado a dos agentes el lugar en el que se encontraba. El resto de acusaciones, de parte de las familias, de las asociaciones de agentes rurales de Catalunya, ASPARC y estatal, AEAFMA, y de la Federación Catalana de Caza, mantenían que llamó al cabo de 40 minutos porque el resto de cazadores le obligaron y no le dejaron huir.

El jurado ha considerado que en el momento de los hechos el cazador no sufría ninguna alteración psíquica que le anulase totalmente sus capacidades intelectivas y volitivas, ni ninguna otra que le afectara a ambas capacidades sin suprimirlas totalmente. Esto significa que consideran que cuando disparó no padecía ninguna alteración mental, como argumentaba su defensa, que calificaba el caso de homicidio, y que era plenamente consciente de lo que hacía cuando les disparó dos tiros, al pecho y a la cara desde unos 3 metros, y se acercó a un metro para rematarlos de otro disparo en la cabeza y en el cuello cuando ya estaban en el suelo. Además, el jurado se ha mostrado contrario a que, llegado el caso, se le indulte o suspenda la pena.

El jurado ha encontrado culpable (por siete votos a dos) a Miguel Ángel Fernández Sáenz, el otro procesado, por ser cooperador necesario en el delito de tenencia ilícita de armas de Rodríguez: porque a pesar de tener la escopeta de los crímenes a su nombre, el arma siempre estuvo en poder del asesino confeso.

Una vez emitido el veredicto, en base a lo que el jurado ha considerado probado, la fiscal ha solicitado para Rodríguez 22 años, 5 meses y 29 días de cárcel por cada asesinato, 1 año por la tenencia ilícita de armas más 8 meses de multa por el delito contra la fauna y prohibición de cazar durante 5 años. El resto de acusaciones han mantenido sus peticiones y la defensa ha solicitado 40 años por los dos asesinatos, más 6 meses por la tenencia ilícita de armas y 4 meses de multa por el delito contra la fauna. Para Fernández ha pedido 1 año y su defensa 6 meses.

La fiscal solicitaba que en concepto de responsabilidad civil se indemnice a la familia de David Iglesias con 466.676 euros y a la de Xavier Ribes con 645.997 euros. Además ha pedido al magistrado presidente, que será quien deberá decidir, que la aseguradora se haga cargo de estas cantidades. Durante todo el juicio han estado presentes los familiares y gran representación de los compañeros de trabajo de Xavier Ribes y David Iglesias, que tenían de 43 y 39 años respectivamente cuando fueron asesinados.

Otros dos años de prisión provisional para el cazador que mató a dos agentes rurales en Lleida

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El juicio comienza el 21 de enero, cuando se cumplen dos años del doble crimen

El asesino de los Agentes Rurales les remató cuando ya estaban en el suelo

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Las autopsias también confirman que los disparos se realizaron a corta distancia

Compañeros de los agentes trasladan el féretro de una de las víctimas en su funeral.

Ismael Rodríguez, el asesino confeso que mató a sangre fría a dos Agentes Rurales en Aspa (Segrià) el pasado 21 de enero, les remató cuando ya estaban en el suelo, según las autopsias practicadas por los forenses a los cuerpos de Xavier Ribes de 43 años y David Iglesias, de 39. Los cuatro disparos a los dos agentes se realizaron entre 1,5 y 6 metros de distancia.

Según el informe forense, uno de los agentes presentaba dos heridas, una cerca del esternón que le afectó al corazón y era “incompatible con la vida”. Este disparo se habría hecho a entre 3 y 4’5 metros de distancia. El otro disparo, en la zona parietal posterior derecha del cráneo, fue hecho a poco más de un metro y medio y de arriba abajo. Esta verticalidad del disparo es lo que hace concluir al forense que se hizo cuando el agente ya estaba abatido en el suelo.

En el mismo sentido se manifiesta el forense que practicó la autopsia del otro cuerpo. Este agente presentaba más heridas porque el primero de los disparos, realizado entre 3 y 6 metros, impactó primero en la muñeca del agente, la atravesó y acabó entrando por su mandíbula. Precisamente este hecho hace que desde la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya (ASPARC) se destaque que “el hecho de intentar protegerse la cara levantando el brazo responde a un acto reflejo al ver como el cazador le apuntaba. Esto indica, con toda probabilidad, que si él o su compañero hubieran llevado arma corta, hubieran podido tener una opción de defenderse al ver venir la amenaza”.

El forense concluye en su informe que de las características de las lesiones encontradas “se deduce el orden de producción de las heridas”. Así, mantiene que éste fue el primer disparo, porque la gravedad de la lesión que causó “no permitiría que después moviera el brazo para interponerlo delante de la cara”.

En cuanto al segundo disparo que recibió, entre 2 y 3 metros de distancia, impactó en la región cervical, entró por un lado del cuello y salió por el otro. “La dirección del trayecto es casi perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, por lo que se puede deducir que este segundo tiro se tuvo que haber producido encontrándose el cuerpo ya en el suelo, y no durante la caída” concluye el forense. Esto confirma que Ismael Rodríguez remató a ambos agentes cuando ya estaban en el suelo, algo incompatible con la versión de los hechos que dio, ya que mantiene que disparó desde unos 15 metros a los agentes en un acto reflejo y sin saber por qué lo hacía.

Varios testigos han pasado esta semana por el juzgado que lleva el caso. Uno de ellos ha confirmado que la semana antes del crimen, el 14 de enero, Rodríguez había estado cazando con él en el coto de Aspa con la escopeta que se convirtió en el arma del crimen y para la que no tenía el necesario permiso de armas tipo E.

El juzgado espera todavía el informe de balística. Este deberá determinar si la escopeta del asesino no había sido modificada, y por lo tanto pudo hacer los 4 disparos seguidos, o si por el contrario ya estaba modificada y sólo podía hacer tres disparos y para hacer el cuarto, y rematar al agente, tuvo que cargarla de nuevo.

El jefe del Ejecutivo, Carles Puigdemont, y la consejera Serret han presidido este mediodía una ceremonia de homenaje a Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes fallecidos el pasado enero en acto de servicio

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Presidente Puigdemont: "Trabajamos y trabajaremos para que algunas de las reivindicaciones históricas del Cuerpo de Agentes Rurales sean una realidad"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este mediodía en el acto de homenaje a los dos agentes rurales muertos en enero en acto de servicio, que "trabajamos y trabajaremos conjuntamente con el Cuerpo de Agentes Rurales para que algunas de sus reivindicaciones históricas, que hoy toman quizás aún más sentido, puedan hacerse realidad ". "Y, al hacerlo, participaremos también en el homenaje a Xavier y al David" , añadió.

"Hoy tenemos un deber de memoria, de recuerdo y de homenaje" , remarcó el jefe del Ejecutivo, que se refirió a los dos agentes como "servidores públicos remarcables" , el ejemplo de los que "nos ayudará a ser mejores, a tener una sociedad más digna ya mejorar el Cuerpo y la percepción ciudadana que se tiene " .

La Generalitat y el Cuerpo de Agentes Rurales han organizado el homenaje, que se ha celebrado este mediodía en la Reserva Natural del Mas de Melons, en el municipio de Castelldans, muy cerca del lugar donde murieron Xavier Ribes y David Iglesias.

El presidente Puigdemont ha estado acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret, así como los consejeros de Interior, Jordi Jané, y de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. También han asistido el delegado del Gobierno en Lleida, Ramon Farré, y el jefe del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, Antoni Mur, entre otras autoridades. Una nutrida representación de cerca de 500 agentes rurales procedentes de diversos puntos de España, Francia y Andorra, han querido apoyar a las dos familias. Un gesto que el presidente ha querido agradecer especialmente.

Carles Puigdemont ha asegurado que "iniciamos un homenaje que no se acabará nunca", y ha defendido que es necesario que toda la sociedad, además de las familias y los compañeros, "pueda explicar el por qué de esta tragedia". "Para que una sociedad es decente cuando es capaz de erigir y reconocer un homenaje permanente como este" , apuntó.

A pesar de la tristeza del crimen, el jefe del Gobierno ha remarcado que "somos capaces de hacer un homenaje de esperanza y de futuro" que, "sin perder un ápice de dolor y de recuerdo de la tragedia, es capaz de ponerlo al servicio de la misma causa que los llevó a ellos a hacerse agentes rurales, que es una sociedad mejor " . Esta, dijo, es "la lección que debemos aprender hoy" y que "debemos enseñar a quien quiera aproximarse a la tragedia y al Cuerpo y quiera saber que es ser un servidor público".

Por su parte, la consejera Serret, que ha sido la encargada de abrir la ceremonia, destacó que el acto de este mediodía es "un homenaje a Xavier, David y su vocación de servicio público" , así como "un reconocimiento al cuerpo de Agentes Rurales, un cuerpo esencial e imprescindible para el país" .

El homenaje ha contado con el descubrimiento de una placa conmemorativa y la instalación de dos figuras de hierro que representan las siluetas de los dos agentes muertos. El acto ha terminado con la liberación simbólica de dos aves por parte de los hijos de Ribes y Iglesias, acompañados de miembros del Cuerpo de Agentes Rurales.

http://www.rtve.es/alacarta/telediario/15-horas-11-03-17

http://www.ccma.cat/tv3/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-11032017/

Entrevista riesgos trabajo de los AAFF

http://www.cope.es/menu/emisoras/zaragoza/

Martes 28/02/2017   12:20
La Mañana de Cope en Zaragoza con Laura Hernández

homenaje a los agentes rurales abatidos por la más pura inconsciencia

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/el-bosque-habitado/

Hoy rendimos homenaje a los agentes rurales abatidos por la más pura inconsciencia, acabar con su vida ha sido un profundo ataque a la Naturaleza. Nuestro tributo agradecido a Xavier Ribes y David Iglesias (agentes rurales) de Lleida. In memoriam.

Un informe pericial ya recomendaba en 2014 que Agentes Rurales fueran armados

http://www.lavanguardia.com/

31/01/2017 18:52

Girona, 31 ene (EFE).- Un informe pericial elaborado en 2014 ya alertaba de la "necesidad vital" de que los Agentes Rurales, a nivel estatal, llevaran armas ante "las contingencias que puedan producirse durante una intervención y producto de las reacciones nunca previstas de las personas que están siendo intervenidas".

El autor del informe, Emilio Bolea, era instructor en el uso de la fuerza para cuerpos y fuerzas de seguridad tanto españolas como extranjeras, y director del Centro de Investigación en el Uso de la Fuerza TDPE, creador de protocolos policiales en táctica, técnica y elementos de dotación.

Tras el asesinato el pasado día 21 de enero de dos Agentes Rurales en Aspa (Lleida) a manos de un cazador que acumulaba infracciones, se ha reabierto el histórico debate de la dotación que deben llevar los agentes.

Este cuerpo, heredero de las funciones de Guardería Forestal del Estado que en 1983 fue transferida a las comunidades autónomas, estaba dotado tanto con armas largas como cortas, aunque estas últimas fueron desapareciendo y en Cataluña hasta el día del asesinato sólo se llevaban armas largas en los controles antifurtivismo.

En 2013, la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Castilla y León elaboró un informe que pedía la retirada de las armas cortas a los Agentes Medioambientales de la Junta por falta de garantías de custodia.

Éste fue el detonante para que la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales (AEAFMA) solicitara al perito judicial en el uso de la fuerza que elaborara un informe sobre la necesidad o no de ir equipados con material específico, tanto de defensa como de retención.

A raíz de este informe, 110 Agentes de Cataluña pidieron de forma individual, a través de un escrito a la Secretaría General de Agricultura, que los dotara de medios de defensa y protección y específicamente de arma corta, para trabajos que comportan el ejercicio de la autoridad, como inspecciones de caza y pesca, entre otros, pero no obtuvieron respuesta.

Bolea, que asegura en el escrito que "la necesidad viene marcada por la obligatoriedad", deja claro que cualquier tipo de agente de la autoridad que realice funciones de prevención y persecución de delitos tipificados por el código penal y por las normativas vigentes "necesita los elementos de dotación adecuados para hacer dichas funciones de forma segura y eficaz".

Ya advertía en aquel momento que "las consecuencias de los riesgos de no dotar de las armas necesarias adaptadas a los servicios de los agentes forestales son numerosas", tanto jurídicas como tácticas y técnicas, que derivan "en peligros para la integridad física del agente y de terceras personas".

Entre las competencias de los agentes forestales, está la de proteger la fauna y flora y la normativa que regula las actividades cinegéticas.

Quienes atentan contra la Ley usando para ello medios potencialmente peligrosos necesarios para su actividad delictiva son los furtivos, quienes según Bolea, hacen uso de armas de fuego de gran calibre.

Para el perito, "es obvio imaginar el peligro que supone este tipo de delincuente, con este tipo de arma, la ventaja táctica que tiene y la necesidad que implica para los agentes forestales el contar con un medio equiparable defensivo en caso tanto de necesidad defensiva inmediata como por persecución".

Por todo ello, consideró "necesario y congruente dotar a los agentes forestales de un arma larga de características que confieran su defensa adaptada a la fuente de riesgo".

Además, destacó la necesidad defensiva ante agresiones ilegítimas en el ejercicio de sus funciones, ya que han de hacer cumplir la Ley a través de identificaciones, controles y, en ocasiones, detener a las personas que transgreden la Ley.

"Como para cualquier agente de la autoridad, estas intervenciones pueden derivar en situaciones de riesgo físico al aumentar la agresividad de las personas a controlar, que en ocasiones implican agresiones directas a las que han de defenderse", aseguraba el perito.

Su informe también avala la necesidad de llevar grilletes porque si el resultado de la intervención del agente es la detención y el detenido no tiene restringidos sus movimientos, el agente está sometido a su voluntad cooperativa, y al verse en tal situación, puede optar por la huida.

Esta huida, según Bolea, "para producirse con éxito, debe pasar por una necesaria agresión al agente rural que le produzca la inhabilitación momentánea o permanente de la reacción que impida tal fuga".

Para el experto "una falta de medios puede ocasionar que, al no haber elementos intermedios de uso de fuerza, ésta sea excesiva o, en su defecto, peligrosa para el agente y para las personas que debieran proteger". EFE

Entrevista al presidente de ASPARC en Lleida TV

ENTREVISTA - Francesc Coll
Lleida al Dia / LLEIDA AL DIA - 31 DE GENER DE 2015

31/01/2017

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Más seguridad para las intervenciones de los Agentes Forestales en Cataluña

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Más seguridad para las intervenciones de los Agentes Forestales en Cataluña, donde ya se ha implantado la norma de salir al campo en tríos, con chalecos antibalas y armas de fuego.

Más seguridad para los Agentes Rurales

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Las inspecciones ordinarias de caza se realizarán en condiciones similares con que se desarrollan los servicios de antifurtivismo

El Departamento de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación, a través del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), ha hecho llegar una instrucción a todos sus miembros para implementar medidas adicionales de seguridad y elementos de defensa personal a las inspecciones ordinarias en materia de caza.

La adopción de medidas de seguridad se toma de manera temporal a la espera de que un grupo de expertos en seguridad pueda asesorar el Cuerpo de Agentes Rurales sobre cuáles son los elementos concretos y más efectivos para reforzar y garantizar la máxima seguridad en las diferentes actuaciones que realizan en materia de conservación y protección del medio ambiente del país. Esta instrucción entra en vigor y mientras tanto se revisarán los procedimientos y se implantarán las medidas correctoras para avanzar en todo aquello que tiene que ver con las condiciones en las cuales los Agentes Rurales desarrollan sus actividades.

De manera temporal y hasta la decisión del grupo de expertos, las inspecciones ordinarias de caza se realizarán en condiciones similares con que se desarrollan los servicios de antifurtivismo, es decir, los agentes irán en grupos de 3, llevarán chalecos antibalas y un arma defensiva.

El homicidio de dos agentes rurales en acto de servicio durante una inspección ordinaria de caza el pasado día 21 de enero en Aspa (Segrià) ha hecho del todo necesario iniciar un proceso de revisión inmediata de las medidas de seguridad y los elementos de defensa personal establecidos actualmente en procedimientos de trabajo del Cuerpo de Agentes Rurales.

 

La Generalitat de Catalunya adopta medidas de seguridad para las inspecciones de caza que realicen los agents rurals.

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Declaraciones del presidente de la AEAFMA en ONDA CERO

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA AEAFMA

Rubén Cabrero: "Los agentes forestales debemos llevar una dotación mínima de seguridad"

Tras la detención de un cazador por matar a tiros a dos agentes rurales en Lleida, hablamos con Rubén Cabrera, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, para descubrir más detalles sobre el transcurso de los hechos. "Estamos ante un caso de asesinato en toda regla" opina.

http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/