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El Consejo de Ministros aprobó el pasado marte dos esperados anteproyectos de ley con la intención de “estandarizar la situación laboral de dos figuras clave en la protección del territorio: los bomberos forestales y los agentes medioambientales”. La intención es asegurar unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional para estos colectivos.
Según la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) Teresa Ribera, estos anteproyectos “apuntalan el compromiso del Gobierno en la prevención y la lucha contra los incendios forestales, y en la protección de quienes nos protegen frente a ellos. Dos realidades que son indisociables”.
Ambas regulaciones eran muy esperadas por estos profesionales. Sin embargo, la palabra que define el sentimiento de los bomberos forestales en general es “decepción” y la de los agentes forestales es cuando menos “sorpresa” por las diferencias en el texto final aprobado en el Consejo de Ministros con respecto a lo acordado con ellos unos meses antes.
En el caso de los bomberos forestales, numerosas voces han hecho pública su opinión en cuanto han podido leer el anteproyecto de ley del Ministerio. Sus opiniones, vertidas a través de las redes sociales y en algún comunicado oficial califican el anteproyecto de “papel mojado”, consideran «decepcionante» la propuesta, “tanto tiempo esperando para esto” o “demasiado generalista, poco concreto” son algunos de los comentarios.
La necesidad de dotar de un mínimo de homogeneidad en sus derechos y obligaciones a la figura de agentes forestales o medioambientales, por un lado, y a la de bomberos forestales, por otro, era un consenso generalizado y un compromiso del Gobierno el dotarles jurídicamente de esa homogeneización.
Considera el Miteco para la conservación de la naturaleza es imprescindible la labor de los agentes forestales y medioambientales, que “deben estar plenamente integrados en los equipos de gestión, con formación profesional específica, con presencia y responsabilidad territorializada y combinación de funciones técnicas en dominios públicos junto al asesoramiento y asistencia a la propiedad privada”.
Y, en cuanto a los bomberos forestales, “solo manteniendo equipos de prevención y extinción de incendios forestales bien formados y equipados, se podrá actuar de manera eficaz contra los peligros del fuego”.
La Unidad de Acción de los agentes prefiere lanzar un mensaje conciliador
Las comunidades autónomas, competentes en la gestión del territorio, han regulado y desarrollado la figura de agente forestal y de agente medioambiental, estableciendo sus propios cuerpos y escalas, con distintas denominaciones y funciones. La Administración General del Estado también cuenta con su propia Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, a los que hay que sumar los agentes de algunos municipios. En todo el país hay algo más de 6.000 agentes forestales y medioambientales.
Fruto de dos años de encuentros y trabajo entre distintos agentes sociales y el Ministerio se presenta ahora este anteproyecto que deberá llevarse al Congreso cuando termine el plazo de alegaciones, abierto hasta el 7 de diciembre. Las previsiones son que para abril de 2023 la ley estuviese aprobada.
El texto final del anteproyecto nos consta que ha decepcionado a numerosos profesionales, aunque la Unidad de Acción, formada por los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, reunida esta misma mañana para evaluar la respuesta al anteproyecto, ha considerado positivo mantener públicamente una postura de prudencia.
“Es un texto mejorable sobre el cual debemos de trabajar en el trámite parlamentario. Reconocemos el esfuerzo de la vicepresidenta Teresa Ribera y apostamos por las referidas mejoras, indispensables para la utilidad de la norma que se pretende”. Nos remiten a un comunicado que harán público el 30 de noviembre, cuando presenten sus alegaciones al anteproyecto.
Distintas fuentes cercanas a la Unidad de Acción centran su malestar en “detalles de redacción que podrían quitar en la práctica el poder de autoridad en el campo a los agentes forestales”. Se refieren en concreto a una frase en la que el anteproyecto señala que “como policía genérica se limitará a efectuar las primeras diligencias”.
La incidencia en el verbo “limitará” consideran las fuentes consultadas que “se quiere hacer pensar al ciudadano que “pillado en la comisión de un delito o infracción los agentes deberán llamar a la policía para que abra las diligencias, aunque ese policía no tenga ni idea de la naturaleza ni de delitos ambientales”.
“Desde siempre hemos actuado en la prevención y detección de infracciones y delitos en el medio natural, que el legislador considere ese delito una falta administrativa o penal no es cuestión que debamos opinar nosotros, solo es cuestión reflejarlo de una forma u otra en el informe. Pero pedir a un agente de policía, que seguramente no tenga ni idea de legislación ambiental, que vaya a continuar con las diligencias es un paso atrás en la defensa del medio natural”.
Se refieren al párrafo del comienzo del artículo cinco en el que se dice “recabar auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si la persona requerida no se identifica voluntariamente”. Consideran dentro de la Unidad de Acción que “es una bomba de relojería porque lo que le dice al infractor es que ante el agente no tiene la obligación de identificarse. Antes, la no identificación ante un agente era una falta leve que tenía una consecuencia jurídica y se le informaba al supuesto infractor. Ahora puede entender que se puede marchar hasta que venga la policía a identificarlo. Si no sabemos quién es ¿de qué sirve que venga un tiempo después el guardia civil? No se puede dar la impresión por ley de que no pasa nada”.
Mujeres agentes forestales y medioambientales asistentes al 6º congreso.
Las propias palabras de la vicepresidenta Ribera anunciando que la nueva ley “va a reconocer el papel de policía judicial” consideran que hace pensar a los ciudadanos que si se le reconoce ahora es que antes no lo eran. “Y eso no es cierto, ese reconocimiento no es un logro de esta nueva ley. Si no podemos intervenir en la protección del bien jurídico para el que hemos sido creados estamos dando un paso atrás”.
Consideran que puede ser positivo que refresque la memoria y recuerde unas competencias que ya tenían reconocidas en la propia Ley de Montes de 2003, pero “no se puede llevar a los agentes a un segundo plano en la defensa del medio natural, cuando somos nosotros los especialistas creados para ese fin”.
Otro de los matices importantes “para la profesión” es el cambio en el texto final del verbo “participar” en la extinción de los incendios por el de “colaboran”, cuando en opinión de las fuentes consultadas “la mayor parte de los incendios son solo conatos y o pequeños incendios y el primer ataque está dirigido un agente forestal en casi todo el país”.
La impresión de los profesionales consultados es que “en la profesión existe un malestar generalizado”, consideran que son matices importantes con respecto a lo acordado en el mes de julio que afectan al ejercicio de la profesión, aunque aún están a tiempo de cambiarlos en el proceso de alegaciones y en la negociación parlamentaria, “pero no debería llegar así hasta el Congreso”.
El anteproyecto define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales, entre las que se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.
Según el Ministerio, los agentes forestales y medioambientales pasarán a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico. “En el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Bomberos forestales y agentes medioambientales se preguntan por separado ¿quién es el sector, ministerio, o grupo interesado en cambiar los textos que ellos acordaron con el MITECO hace dos meses y por qué se ha hecho? Mientras, preparan alegaciones y anuncian llegar hasta los grupos políticos cuando su anteproyecto se discuta en el Congreso de los Diputados.
Ismael Muñoz, periodista ambiental desde hace más de 20 años, soy director de Osbodigital y director técnico de la revista Foresta. He estado en las dos trincheras, en la de la comunicación y en la de la información en medios, cada una tiene su diversión pero nada como tratar con las fuentes y dejar que te digan lo que saben, lo que han vivido, lo que piensan y lo que sienten para después contarlo.
