Pascual Garrido murió hace ahora tres décadas por ser testigo involuntario de un delito. Esta fue la principal hipótesis de las dos investigaciones fallidas sobre el conocido como crimen de la motosierra, con seis acusados finalmente absueltos y un arma que nunca apareció.
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Pascual Garrido aportando comida a un muladar de quebrantahuesos. La foto la tomó su compañero David Gómez Samitier (fallecido en un accidente de tráfico) y está incluida en su libro 'Pájaro de Barro'. David Gómez Samitier
Dicen los expertos que el crimen perfecto no existe. Existen crímenes no investigados suficientemente. Sea por una indagación incompleta o porque los autores no dejaron el más mínimo rastro, lo cierto es que el brutal asesinato del guarda forestal Pascual Garrido con una motosierra en el pueblo de Arguis sigue impune al cumplirse 30 años del suceso, uno de los más atroces de la crónica negra de Aragón. A priori parecía haber pocas dudas sobre la autoría. Todo apuntaba a una rápida solución. Sin embargo, tras dos instrucciones fallidas, los seis sospechosos fueron absueltos y no podrán volver a ser juzgados. Ni ellos ni cualquier otro, ya que el delito está prescrito.
La asociación Aminta de ayuda a huérfanos de agentes forestales y medioambientales fallecidos en acto de servicio ha recordado el aniversario del asesinato, ocurrido el 2 de abril de 1991, para clamar por lo que considera una injusticia. Sin castigo, la herida sigue abierta, asegura. En el lugar de los hechos, una caseta del antiguo Comena cercana al embalse de Arguis, había un peligro distinto a los habituales para un guarda de protección de la naturaleza. El edificio, reconvertido hoy en un centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra de Guara, lleva el nombre de Pascual Garrido en su memoria.
El asesinato del forestal de Arguis, conocido como el crimen de la motosierra, provocó una profunda conmoción social. Por la personalidad de la víctima, un joven amable y muy apreciado de solo 28 años, y por las características del suceso: la presencia de un grupo de reclusos en el lugar aquella mañana, el uso de un arma tan mortífera y el móvil del tráfico de drogas. Los reclusos disfrutaban del tercer grado penitenciario y hacían un curso de prevención de incendios. El suceso reveló la facilidad de movimientos de la que disfrutaban en sus salidas, pese a estar acompañados de un monitor, ya que incluso recibían la visita de familiares. Aquel día habían ido al menos el hermano de uno y un amigo y la mujer y los hijos de otro.
Esa mañana, Pascual había ido a atender a una águila herida que dejó en la caseta forestal de Arguis. Un compañero suyo encontró el cuerpo horas después, salvajemente mutilado. La presencia del grupo de internos de la cárcel de Huesca en la zona puso enseguida el foco en ellos. Fueron acusados cuatro de los ocho participantes, además de dos presuntos cómplices que habían ido a visitarlos. Pero la investigación se enredó, hasta el punto de que el caso fue sobreseído, y cuando se reabrió acabó en una sentencia absolutoria.
Pascual estaba en el sitio inadecuado en el momento más inoportuno, señala Antonio Gutiérrez, presidente de la asociación Aminta, quien alude a la tesis mantenida por la acusación: lo mataron porque fue testigo involuntario de un intercambio de droga entre los presos y algún familiar que acudió a Arguis.
“Ha habido asesinatos de forestales por furtivos o cazadores, accidentes en vehículos y helicópteros, incendios.. pero el caso de Pascual es único. Estaba protegiendo un águila en un sitio donde al final había un peligro distinto a aquellos a los que se enfrentan los agentes”, señala Gutiérrez, quien recuerda que el caso adquirió un tono más dramático por el arma homicida, una motosierra que se desvaneció como por arte de magia. Se la buscó en el bosque y en el pantano, e incluso en las obras de la carretera, pero nunca apareció. “Es el único caso que hay en España con esos tintes de crueldad. Ese ensañamiento con él a la hora de usar la motosierra… Es raro, porque una motosierra no desaparece de modo tan fácil”, comenta.
A la pregunta de si se investigó suficientemente, responde el hecho de que llegó a haber dos procesos indagatorios. El instructor judicial detuvo en un primer momento a los reclusos como presuntos autores de la muerte y a dos personas que los visitaron, pero semanas después los dejó en libertad por falta de indicios claros. Finalmente, en noviembre de 1992, el juez, Fernando Ferrín Calamita, lo sobreseyó.
Pasado un año, la investigación se reactivó tras la delación de un recluso. El magistrado reabrió la causa y los sospechosos volvieron a prisión por estos hechos. Incluso se les dispersó en distintas cárceles para evitar que se comunicaran. Según ese preso, que fue compañero de celda en Huesca de uno de los internos que estuvieron en Arguis, este le había contado los detalles del crimen. El implicado confesó ante la Guardia Civil y ante un juez. Dijo que vigiló la caseta forestal mientras otros tres acometieron a la víctima: dos lo sujetaron y un tercero lo mutiló con la motosierra.
Con estas declaraciones, en febrero de 1994, el juez instructor dictó auto de procesamiento contra cuatro reclusos, el hermano de uno de ellos y un amigo de este que habían ido a visitarlo a Arguis desde Zaragoza y estaban considerados cooperadores necesarios. Se sospechó que se llevaron el arma homicida para ocultarla en unas bolsas de basura que cargaron en el coche. Según ese auto, la caseta se usaba para traficar con heroína, que luego se introducía en prisión aprovechando las salidas de los presos. Pascual Garrido lo descubrió y le costó la vida.
El caso llego a juicio cuatro años después del crimen. Las acusaciones solicitaron 204 años de prisión para los seis procesados por los delitos de asesinato y tráfico de drogas, así como la declaración de la responsabilidad subsidiaria del Estado, ya que los reclusos estaban bajo la tutela de la Administración penitenciaria. Mantenían que cuatro de los reclusos asesinaron al forestal cuando los pilló traficando, contando con la complicidad del hermano de uno de ellos, que llevó a Arguis la droga que luego introducirla en prisión. También apuntaron a que estos se encargaron de deshacerse de la motosierra. Por contra, las defensas reprocharon a lo largo de todo el proceso que el foco se puso desde el principio sobre estas personas y ya no hubo más sospechosos.
En el juicio, el recluso que había confesado ser testigo directo del crimen a manos de sus compañeros se desdijo y el caso se derrumbó como un castillo de naipes. Además, el tribunal de la Audiencia de Huesca determinó que desde el lugar donde dijo estar, el aparcamiento de un bar, no pudo verlo. "Hasta pudo ser el mismo quien empuñara el arma homicida”, concluyó.
Cuatro años de instrucción quedaron resumidos en una sentencia absolutoria con apenas 42 líneas de hechos probados, de las cuales 28 describían las múltiples lesiones causadas por la motosierra. Las certezas se redujeron a dos: la presencia en el lugar del crimen de cuatro de los acusados disfrutando del tercer grado penitenciario junto a otros compañeros y un monitor de la cárcel de Huesca encargado de su instrucción; y la libertad de movimientos de la que disfrutaban, sin estar sometidos a vigilancia durante amplios espacios de tiempo.
Los magistrados no ocultaron sus dudas. “Tenemos la vehemente sospecha de que los hechos pudieron suceder tal y como vienen defendiendo las partes acusadoras, respaldas por las interminables contradicciones de los acusados y testigos, pero las pruebas no nos han permitido llegar en conciencia a un estado de certeza moral sobre la efectiva participación de los acusados”. Ni siquiera se probó que llevaran droga, aunque este fuera el eje de la instrucción. Así, la Audiencia de Huesca concluyó que no se podía imputar ninguno de los dos delitos. El principio ‘in dubio pro reo’ se impuso a la hora de determinar el fallo.
El penalista Enrique Trebollé fue abogado de dos de los implicados, dos hermanos, que siempre negaron su participación. Reconoce que ha sido uno de los casos más relevantes de su dilatada carrera profesional. "Fue un juicio largo, de sesiones maratonianas. El tribunal, tras intensas deliberaciones, dudó pero absolvió, dijo que tenía fuertes sospechas, vehementes, pero no pruebas. Aplicó el principio del derecho penal de 'in dubio pro reo', en caso de duda a favor del reo, y no había pruebas objetivas, como restos de ADN".
Francisco Loste, otro de los abogados defensores, asegura que la “sentencia fue muy razonada”. El testigo de referencia, el compañero de celda, flaqueó en la vista y tampoco ofreció credibilidad. Insiste en la ausencia de pruebas materiales: el arma no apareció nunca y las ropas de los presos se lavaron con lejía tras volver al centro penitenciario, pero “esta era la operativa del penal, no fue algo especial”, aclara. “Tampoco faltó ninguna motosierra del curso, y no coincidía la hora de la muerte dictaminada por el forense con la hora de llegada de los presos”.
El letrado recuerda el impacto mediático que tuvo el caso en su momento, porque la víctima era una persona muy conocida y apreciada. “Todo apuntaba a ellos, pero al profundizar se vio que no. En la instrucción no se dejó de mirar nada y no hubo una prueba concluyente”, declara Loste.
El fiscal del caso, Fernando García Vicente, luego Justicia de Aragón, intentó recurrir, pero la Fiscalía del Supremo desestimó instar la apelación al considerar que aunque las pruebas existentes eran más que suficientes para sostener una acusación, la sanción penal no puede fundarse en sospechas, probabilidades o posibilidades. Así, el crimen del forestal de Arguis pasó a engrosar los estantes de los casos sin resolver. La única certeza, 30 años después, es el impunidad de los asesinos.
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