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AGENTES FORESTALES

La AAPNA es la asociación profesional de los AGENTES FORESTALES del Gobierno de Aragón

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

q) AGENTE FORESTAL: Funcionario que ostenta la condición de Agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La AAPNA forma parte de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales AEAFMA y de la International Ranger Federation IRF

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sábado, 15 de noviembre de 2014

LA OPOSICIÓN AL COTO DE MEQUINENZA SE REACTIVA


Los forestales juzgan «inaceptable e inútil» la vigilancia privada a costa de deportistas
Para los ecologistas se crearía precedente de «monopolio del mercado de la pesca»
Los pescadores de Zaragoza temen que un fracaso económico rebote a los clubes

ZARAGOZA. La inminente modificación de la Ley de Pesca que prevé el Gobierno aragonés para convertir todo el embalse de Mequinenza en un coto deportivo –como consensuó hace tiempo con la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting (Fapyc)– ha vuelto a poner en guardia a varios de los Colectivos que, en su día, formularon duras alegaciones contra el proyecto.
Ponen múltiples objeciones: legales, competenciales, medioambientales, económicas, etc, y coinciden
que la insistencia de la Dirección de Medio Natural en el auge del furtivismo parece buscar «el clima favorable» para defender el coto como única solución al problema, cuando a su juicio sería
inútil e incluso contraproducente.

La Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza (AAPN) en Aragón recuerda que este colectivo viene reclamando infructuosamente desde hace lustros por la insuficiencia de medios humanos y materiales, mientras la afluencia de pescadores al entorno del embalse aumentaba progresivamente. Señalan que el número de forestales –que también se ocupan de montes, caza, calidad ambiental, flora, fauna, incendios forestales o turismo– se cuenta «con los dedos de la mano», por lo que, subrayan, «es impensable controlar 7.000 hectáreas de lámina de agua con casi 500 kilómetros de litoral quebrado, con costas escarpadas, zonas inaccesibles y comunicaciones difíciles con esos medios humanos deficientemente equipados».
Este colectivo sostiene que el furtivismo y los problemas asociados no se solucionan mediante la «legalización con calzador de un acotado» para vender permisos con los que rentabilizar una
vigilancia privada. Antes al contrario, sostiene que el acotado «no atajará, sino que extenderá los
problemas por las aguas libres». Asimismo, esta asociación de funcionarios considera «inaceptable e inútil» que la DGA «pretenda rentabilizar económicamente un servicio de seguridad privada a costa de unos deportistas, en beneficio de particulares, en un entorno público» y que, al mismo tiempo, «deseche el servicio público de policía que prestan los APN como agentes de la autoridad».

En la misma línea, AEMS Ríos con Vida recuerda que el proyecto de la Fapyc aceptado por la DGA «se basaba en que la ausencia de vigilancia es la principal causa de degradación del entorno y se pretendía resolver con la contratación de dos guardas privados». Algo que esta organización ecologista tacha de «ridículo», puesto que deben vigilar «una ribera tan larga como la distancia entre Zaragoza y Santander». «Resolver el problema de orden público contratando dos guardas privados, además de irrealista, invade competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», añade AEMS Ríos con Vida. «Si la creación de un coto se estima imprescindible –cuestiona–, ¿por qué no haber creado un coto social de pesca como muchos otros que gestiona y vigila directamente el Gobierno de Aragón?». Asimismo, los ecologistas sostienen que el acuerdo entre DGA y Fapyc «supondría un reparto del mercado de la pesca y la constitución de un verdadero monopolio de explotación de un recurso público que podría ser extendido a la totalidad de los ríos y masas de agua pescables en Aragón»

Por su parte, la centenaria Sociedad Deportiva de Pescadores de Zaragoza (SDPZ) comparte estas críticas –especialmente la inutilidad de dos guardas jurados para vigilar 504 km de riberas–,muestra su apoyo total a los forestales y la Guardia Civil y advierte que, si el proyecto fracasa y la Federación
renuncia a la gestión en dos años, «podría generar responsabilidades civiles y potenciales pérdidas económicas que podrían recaer directamente sobre todos nuestros clubes y asociados como miembros de la Fapyc».

JAVIER BENITO

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