Dos imputados más en el caso de La Herradura

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VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2013 17:56

SANDRA BUZON

La denuncia presentada por un Agente de Protección de la Naturaleza en el 2002 en la que se señalaba una destrucción del hábitat considerado como ZEPA en la finca de La Herradura y que prescribió en dependencias del Gobierno de Aragón ha sido el motivo principal de las dos nuevas imputaciones de este caso, que todavía se encuentra en fase de instrucción en los juzgados de Caspe.

Se trata dos técnicos, un biólogo y una abogada, pertenecientes al Departamento de Medio Ambiente de DGA y responsables de la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones de la normativa ambiental. Todo apunta a que el interrogatorio de la juez de Caspe, que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a partir de la once de la mañana, se centré en los motivos de la prescripción de dicha denuncia realizada por el APN, así como por el procedimiento que se siguió desde el ejecutivo autonómico tras la recepción de este aviso. Precisamente, la misma cuestión también se le planteó en los últimos interrogatorios llevados a cabo por la magistrada a Eliseo Martínez, ex director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza que admitió el cierre del expediente sancionador a la finca tras haberle informado los servicios jurídicos del departamento de la prescripción del delito. Con estos dos técnicos ya son 17 los imputados en este caso entre los que destacan ex altos cargos de DGA y del Partido Socialista en Caspe, tres ingenieros, así como personal técnico del consistorio.

Por otro lado, los dimes y diretes entre la juez y el Ayuntamiento de Caspe continúan. En esta ocasión, en el último auto de la magistrada se devuelven las competencias en sanciones administrativas a la entidad municipal, tras haberles advertido a mediados del mes de abril de poder cometer un delito de desobediencia si llevaban a cabo acciones extrajudiciales contra la finca hortofrutícola de La Herradura. A pesar de ello, el documento pide cautela al ayuntamiento, ya que les informa que existe un procedimiento abierto que se encuentra en fase de instrucción del que forman parte como acusación particular. De esta manera, el ayuntamiento de Caspe vuelve a coger la batuta en cuanto al expediente de disciplina urbanística. Según fuentes municipales consultadas por LA COMARCA el consistorio va a iniciar este procedimiento cuyo primer paso será nombrar un instructor y un secretario y cuyas últimas consecuencias podrían ocasionar el cierre de las instalaciones que no tuvieran licencia de actividad en la finca, así como una cuantiosa sanción económica.

Finalmente, el letrado defensor de la Comunidad Autónoma ha solicitado el sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto a Carlos Clemente, José Luis Castellano, Mariano Sanagustín, Antonio Latorre y Eliseo Martínez, ex altos cargos y jefes de sección del Gobierno de Aragón, que fueron los últimos imputados en este caso.

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