Los sindicatos desaprueban los cambios en la gestión forestal que diseña la DGA

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 UGT, CCOO y CSIF denuncian que el estudio se ha encargado interesadamente a la Fundación Pau Costa

 El director general, Diego Bayona, niega que se vaya a externalizar el servicio y relegar a los funcionarios

 

 Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF consideran que el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios es “un modelo de referencia a nivel nacional” y que, aunque necesita mejoras, no es necesario aplicar cambios sustanciales que conduzcan a su externalización. En su opinión, el estudio sobre el nuevo diseño iniciado por la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón podría provocar que el personal laboral y los funcionarios fueran excluidos del operativo o condenados a desarrollar un papel meramente testimonial.
El director general, Diego Bayona, negó este extremo y señaló que se está realizando un diagnóstico previo a través de un proceso abierto de participación con el único objetivo de “solventar las carencias” que presenta el modelo actual, sobre todo en la extinción de grandes incendios forestales.
En un comunicado, los sindicatos indicaron que el estudio encaminado a la implantación de un nuevo operativo se ha adjudicado “por conveniencia” a la Fundación Pau Costa cuando “podría ser realizado directamente por empleados públicos”.
Añadieron que la adjudicación responde a que esta entidad comparte con la dirección general las pautas sobre un modelo preconcebido.
Diego Bayona indicó que la elaboración del nuevo modelo, que quieren poner en marcha en 2021, responde a la necesidad de solventar las carencias del actual, para lo que es necesario un diagnóstico previo. Por eso, además de un proceso abierto de participación han requerido asistencia técnica externa y la Fundación Pau Costa fue la única que concurrió a la adjudicación. Añadió que además es una entidad “de reconocido prestigio” en este ámbito.
“No entiendo la postura de los sindicatos porque también están participando en el proceso. El modelo no está en discusión y las aportaciones de la Fundación Pau Costa no implican que tengamos que externalizar el servicio o que tengamos que implantar el modelo catalán ni ningún otro. No vamos a replicarlo y ellos lo saben”, sentenció.

Precariedad
Las tres centrales sindicales, que en su conjunto obstentan la mayoría de la representación de los trabajadores tanto en el Gobierno de Aragón como en la empresa pública Sarga, abogan por acabar con la precariedad del personal de las cuadrillas de prevención y extinción.
No obstante, sostienen que las mejoras laborales del personal de Sarga “no pueden hacerse a costa de empeorar las condiciones del personal funcionario que, por otra parte, también sufre una insostenible e insoportable la precariedad arrastrada desde hace años en determinados aspectos”.
En concreto, se refieren a vehículos viejos y sin disposivos luminosos V-1; invesgación de incendios informal y desorganizada dado que siguen sin crearse las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF) a pesar de que así lo obliga el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo): las bases son tercermundistas y carecen de servicios básicos; la red de comunicaciones está obsoleta; no existen protocolos claros con el 112 para emergencias distintas de los incendios forestales; y la confusa imagen corporativa de los APN, que causa confusiones y  desconocimiento de su carácter de agentes de la autoridad.
El director general admitió que existen “grandes carencias” en Sarga por la inestabilidad laboral, que impiden cumplir con los turnos y los relevos, así como en los medios materiales y técnicos de los funcionarios. “Queremos un operativo que funcione los 365 días del año y que tenga herramientas suficientes para afrontar con garantías cualquier incendio, para lo que es necesario profesionalizarlo. Por eso, debemos diseñar uno nuevo y ampliar el presupuesto”, dijo. En este ámbito, indicó que las cuadrillas no pueden dedicarse a las tareas de prevención en verano, cuando se producen los mayores incendios, sino llevar a cabo esos trabajos el resto del año para que en el periodo estival se dediquen únicamente a la extinción. Bayona apuntó que las modificaciones presupuestarias para hacer frente a la crisis del coronavirus han impedido abordar algunas de las mejoras previstas en las infraestructuras, como las torres de vigilancia, los puntos de encuentro o los vehículos.

“En los últimos años, se han corregido las deficiencias de las cuadrillas helitransportadas, pero a pie de campo tenemos mucho que hacer”, expuso. En este sentido, indicó que, aunque el modelo funciona, es necesaria una mayor profesionalización y especialización para hacer frente a los grandes incendios.

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal señaló que el nuevo modelo también debe incluir el Plan de Protección Civil de Aragón. “El operativo tiene mucha implantación en el medio rural y hay que aprovecharlo para que pueda trabajar en condiciones acordes a la nueva Ley de emergencias”, explicó. En este sentido, comentó que los trabajadores del servicio habían ayudado tanto en el transcurso de la borrasca Gloria como en la crisis sanitaria del coronavirus, especialmente en el reparto de material.

Capacitación
A pesar de esta “precariedad”, los sindicatos sostienen que el operativo aragonés es un modelo de referencia a nivel estatal. Por eso, aunque defienden y reivindican mejoras en el mismo, consideran que no es necesario “de ninguna manera” introducir cambios sustanciales.
“Desde que en 1984 se transfirieron las competencias en materia de medio ambiente a las Comunidades Autónomas, los APN, ingenieros y técnicos del Gobierno de Aragón han gestionado tanto la prevención como la extinción de los incendios forestales.
Esto dota al operavo de personal propio de la Administración con larga y probada experiencia y capacitación en la prevención y extinción de incendios en Aragón”, argumentan.
Desde UGT, CCOO y CSIF creen que “las cosas están llegando demasiado lejos”. “No vamos a esperar a que pasito a pasito, sin que cada uno de ellos por separado parezca tener excesiva envergadura, el personal laboral y los funcionarios nos veamos finalmente excluidos del Operativo de Prevención y Extunción de Incendios Forestales, o condenados a desarrollar un papel meramente tesmonial”.
Por este motivo, se proponen de dar a conocer a la opinión pública y a los diferentes grupos parlamentarios “la gravedad de los pasos que se están dando hacia una posible externalización del operativo, no por razones técnicas ni económicas, sino tan solo con el ánimo de satisfacer el clientelismo políco de Podemos con la empresa pública Sarga”.
Los sindicatos añadieron que seguirán reivindicando las mejoras necesarias para acabar con las carencias que amenazan la seguridad y salud de los trabajadores, y por el incremento de presupuesto destinado al operativo y destacan que cualquier cambio que se pretenda realizar y afecte a las  condiciones de trabajo, tendrá que ir más allá de la parcipación y pasar por la negociación con los representantes de los trabajadores.

 

 El operativo aragonés cuenta con 62 cuadrillas terrestres y 8 helitransportadas

El operativo de prevención y extinción funciona en la actualidad con 62 cuadrillas terrestres y 8 cuadrillas helitransportadas con 6 helicópteros ligeros y 2 medios y se basa en la dirección a pie de campo por un agente de protección de la naturaleza (APN). Estos medios son coordinados desde
los Centros Provinciales de Operaciones, donde un técnico realiza el análisis de riesgo y distribución de medios. Y desde el Centro Regional de Operaciones, el director técnico de incendios forestales coordina y despacha medios a nivel autonómico.