Es la tercera reforma de esta Ley en diez años
EFEverde.- El Congreso de los Diputados rechazó las siete enmiendas de devolución planteadas contra la reforma de la Ley de Montes, que la oposición contempla como una vía de entrada a la especulación en los terrenos incendiados y un modo de restar competencias a los agentes forestales en investigación de delitos.
La enmiendas a la totalidad fueron presentadas por PSOE, BNG, Esquerra, Compromís, PNV, UPyD e Izquierda Plural, pero el PP las vetó gracias a su mayoría parlamentaria.
Solo CiU se pronunció a favor del texto, con la matización de que presentará un conjunto de enmiendas para su mejora durante la siguiente fase de tramitación parlamentaria.
En la defensa del proyecto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, insistió ante el pleno del Congreso en que las funciones de los agentes forestales “no cambian sino que se mejora la coordinación” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando ambos concurran en la misma investigación, “aproximadamente en un 2 % de los casos”.
Aseguró asimismo que los cambios de uso de terrenos incendiados sólo serán viables cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden.
La recalificación necesitará de la aprobación de una norma con rango de ley, lo que exigirá un proceso de participación pública y la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso, añadió.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defiende la reforma de la Ley de Montes. EFE/Emilio Naranjo
Tercera reforma en 10 años
Los principales fines de esta reforma, la tercera en diez años, son la protección de la biodiversidad, la creación de empleo y riqueza de la población rural, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático.
Durante su turno de defensa de la enmienda a la totalidad, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, señaló que la posibilidad de recalificar un terreno incendiado es como dar “armas de destrucción masiva a los especuladores y delincuentes”.
Tras desearle a la ministra una buena gestión respecto al buque ruso hundido al sur de Gran Canaria, Lucio definió la reforma de esta ley como “profusa, difusa y confusa”, con “excesivas” competencias a las comunidades autónomas a la hora de aprobar dichas recalificaciones, al tiempo que resta capacidades a los agentes forestales y medioambientales.
La norma “explicita una subordinación al Seprona de la Guardia Civil, merma la capacidad de actuación de investigación y denuncia y suprime su condición de policía judicial”, ha subrayado.
Un grupo de agentes forestales siguió el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara, después de protagonizar por la mañana una protesta a las puertas del Congreso, apoyados por ecologistas, sindicatos y partidos de la oposición.
El diputado de Izquierda Plural Josep Pérez Moya razonó que la propuesta del Gobierno no puede ser válida cuando se presentan siete enmiendas a la totalidad: “Alguna cosa no se estará haciendo bien”.
Los agentes forestales protestan por la reforma de la Ley de Montes ante la puerta del Congreso. EFE/Emilio Naranjo
Tras destacar a los agentes forestales como uno de sectores más perjudicados por la aplicación de la futura norma, ha criticado los que ha calificado como fines “especulativos” de la reforma y la “invasión de competencias”.
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) felicitó de forma irónica al Gobierno, porque puso de acuerdo a toda la oposición con este tipo de leyes de carácter “regresivo” y lanzó la sospecha de que en el futuro se quiera privatizar el cuerpo de agentes.
En la línea del resto de grupos, también criticó la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados antes de que transcurran los 30 años establecidos en la normativa vigente.
Olaia Fernández Davila (BNG), Teresa Jordà (Esquerra), Maite Ariztegui (Amaiur), Joan Baldoví (Compromís-Equo) y Joseba Agirretxea (EAJ-PNV) mostraron también su preocupación, porque “se abre la puerta” a la especulación y se dificulta la investigación de delitos por parte de los agentes forestales, rurales y medioambientales.
La popular María Teresa de Lara mostró su “estupor e indignación” por las palabras de la oposición, que mostraban “en general un profundo desconocimiento del texto”. EFEverde
Agentes forestales protestan en el Congreso contra la Ley de Montes
Han estado acompañados por Ecologistas y representantes de PSOE, IU-ICV, UPyD, Equo, Compromís, Coalición Canaria, Geroa Bai, BNG y ERC
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Medio centenar de agentes forestales y medioambientales y representantes de ecologistas se han concentrado este jueves en la Puerta de los Leones del Congreso en señal de protesta contra la privatización de los montes que va a suponer la reforma de la Ley, que inicia este jueves su trámite en la Cámara, con el previsible rechazo de las enmiendas de totalidad presentadas por la oposición, que piden la retirada del texto del Gobierno.
Bajo el lema '#StopLeydeMontesPP', representantes de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, de UGT, de CCOO, y de Ecologistas en Acción, en nombre del colectivo ecologista, se han realizado una foto y han desplegado una pancarta en señal de protesta contra la reforma de esta norma.
Han estado acompañados por representantes de PSOE, IU-ICV, UPyD, Compromís, Equo, Coalición Canaria, Geroa Bai, BNG, Amaiur y ERC, que esta tarde defenderán su petición de retirada del proyecto de ley del Gobierno.
UNA GRAN CONTESTACIÓN
A juicio de todos ellos, que han culminado la concentración con un sonoro aplauso, la Ley de Montes ha provocado "importantes reacciones sociales" por parte de los agentes forestales y las organizaciones ecologistas, desde las instituciones (Parlamentos de Extremadura y Navarra, Cabildos, Diputaciones y Ayuntamientos) y también desde las Asociaciones de Guardia Civil, Jueces y Fiscales, y Sindicatos de Policía.
Así, el presidente de la Asociación Nacional de Agentes forestales y medioambientales, Luis Díaz, ha mostrado su rechazo ante esta "barbaridad de ley" que acabaría con la potestad de un colectivo de 140 años de antiguedad, de un total de 6.400 agentes, según ha precisado, al quere evitar que investiguen los delitos sobre el medio ambiente.
"Si se aprueba esta ley nos atarían de pies y manos y este tipo de trabajo lo desempeñarían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Habría duplicidad de funciones, lo que supondrá un mayor coste económico. España es el país que menos policía medioambiental tiene de la UE", ha avisado, al mismo tiempo que ha indicado que el Gobierno "ha engañado a los ciudadanos" porque el borrador de la ley que se sometió a consulta pública en la web del Ministerio no es el que hoy se tramita.
"UN RETROCESO MUY GRAVE PARA EL MEDIO AMBIENTE"
En nombre del movimiento ecologista, Theo Oberhuber, de Ecologistas en ACción, ha calificado esta ley de "retroceso muy grave para el medio ambiente" porque, según ha rechazado, pretende fomentar el abandono de las zonas forestales, así como impedir a los agentes que desarrollen su trabajo.
Según ha subrayado, los agentes forestales es la "primera línea" de defensa del medio ambiente en el territorio y, sin ellos, la administración sabe que se permitirían delitos e incumplimientos a la legislación y no habría nadie para vigilarlos y para denunciarlos.
Además, señala que es una ley que pretende "fomentar desarrollos urbanísticos "en zonas incendiadas y en España se han provocado durante años incendios con fines especulativos y urbanísticos que en la anterior legislatura se prohibió en la reforma de la Ley de Montes.
"Es una ley negativa que debe modificarse sustancialmente o retirarse. No es necesaria y en ningún caso va a favorecer la conservación del medio ambiente", ha alertado.
Desde Equo, Juan López de Uralde, ha destacado que esta norma "no es casual", forma parte de la estrategia del PP de "laminar las leyes medioambientales".
"Están nuevamente laminando derechos para el medio ambiente en favor de la actividad económica y de la especulación en el monte, permitiendo eso que es especialmente escandaloso, construir en zonas incendiadas. ES importantísimo girar el rumbo de la falta de políticas ambientales del país. La crisis ecológica es una realidad en ESpaña y no podemos seguir dándole la espalda", ha concluido.
Mientras, Francisco Cabezos, de CCOO, ha criticado que se trata de una reforma que va a "desdibujar" la planificación y gestión de los montes en el Estado, dejando "al libre albedrío" los planes técnicos y proyectos de gestión, claves para crear empleo y proteger la biodiversidad.
Igualmente, ha alertado de que con esta ley se va a permitir la recalificación y urbanización de suelos incendiados, así como la privatización de las labores de servicios de vigilancia e inspección del medio ambiente, y de las de los agentes forestales y medioambientales, ya que se elimina su capacidad para investigar los delitos ambientales.
"Nos parece un dislate absoluto y el único que está defiendo esa barbaridad es el PP. Esperemos que se quede en absoluta minoría a la hora de defender un proyecto que debería retirar. Todavía falta mucho por avanzar en la anterior ley y vuelven a la carga con una ley que blinda intereses económicos financieros del país", ha sentenciado.
Rubén Paz, secretario general del Sindicato Profesional de agentes forestales y medioambietnales de UGT, ha indicado que esta ley "va a nacer muerta", "no era necesaria" y no había una demanda social para llevarla a cabo, además de que quiere privatizar los servicios públicos de vigilancia e investigación de delitos en el medio ambiente y quiere favorecer a los especuladores para volver a construir en zonas verdes previamente quemadas.
El PP rechaza parar la ley que permite recalificar terrenos quemados
La mayoría de la oposición pide que se paralice la norma, que afecta a los agentes forestales
El PP se ha negado este jueves a paralizar en el Congreso de los Diputados la tramitación de la reforma de la Ley de Montes a pesar de la petición realizada por la mayoría de los grupos de la oposición. PSOE, BNG, Esquerra, Compromís, PNV, UPyD e Izquierda Plural presentaron enmiendas a la totalidad, que los populares rechazaron y, por lo tanto, no prosperarán al contar el PP con una mayoría holgada.
Los siete partidos contrarios al proyecto de ley coincidieron en criticar que la reforma, que comienza ahora su tramitación en la Cámara baja, permitirá recalificar terrenos que se vean afectados por incendios. Sin embargo, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha insistido en que solo se permitirá cuando haya "razones imperiosas de interés público de primer orden". Esto supone, según la ministra, la aprobación de normas con rango de ley con una "amplia consulta pública".
Los argumentos de García Tejerina no convencieron a la oposición. Tampoco en lo referido a los cambios que afectan a los agentes forestales. Unos 50 miembros de este colectivo se concentraron frente al Congreso. "El PP va a aprobar la ley solo", ha sostenido Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. Este colectivo, formado por unas 6.400 personas, se siente amenazado. "No nos permitirán denunciar ilícitos penales contra el medio ambiente", se queja Díaz.
Los agentes entienden que la reforma podrá limitar su margen de actuación, ya que los agentes forestales pasarían a ser auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No sabemos si su plan es privatizar las labores de los agentes forestales", ha sostenido la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio. "Este cuerpo les resulta incómodo", ha añadido Josep Pérez Moya, de Izquierda Plural.
Pese a los reproches de los grupos de la oposición, García Tejerina ha afirmado que el cambio que prepara el Gobierno "no aporta nada nuevo" y las labores de los agentes medioambientales "tampoco cambian". Según ha dicho, lo que hace el proyecto de ley es mejorar "la coordinación" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando ambos colectivos concurran en la misma investigación, lo que sucede "aproximadamente en un 2% de los casos".
