Javier Clavero. Zaragoza 02/03/2015
En caso de ser aprobada en el Congreso, limitará también las funciones de los agentes forestales.
La reforma de la Ley de Montes, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de febrero y que será discutida en el Congreso en los próximos días, ha levantado polémica entre los sectores implicados, principalmente por la inclusión de dos controvertidos aspectos.
El primero de ellos, es el hecho de que las comunidades autónomas puedan recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal, sin necesidad de esperar los 30 años que dicta la actual legislación, siempre que se alegue "interés público de primer orden". Una normativa que podría abrir paso a la especulación urbanística.
El texto propuesto modifica también las funciones de los agentes forestales, imposibilitando que investiguen y remitan a la Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales, como incendios o maltratos a animales.
Los propios agentes forestales, así como varios partidos de la oposición, los sindicatos y los colectivos ecologistas no han tardado en expresar su contrariedad, en un intento de frenar la aprobación del nuevo texto.
Desde el Gobierno de Aragón se asegura que, "aunque la reforma todavía se está debatiendo en el Congreso y no es definitiva, la competencia en montes, en cuanto a la legislación básica, es del Estado, y la autonomía debería adaptar su legislación actual a lo que se decida".
Construir en terrenos recién quemados
En 2006, el PSOE, dentro de la Ley de Montes, prohibió que el suelo que hubiese sufrido un incendio en los últimos 30 años pudiera ser modificado, con el objetivo de acabar con las "recalificaciones y las especulaciones".
Esta medida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedaría anulada en caso de ser aprobada una nueva reforma, ya que las autonomías estarían en disposición de recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal de forma inmediata.
Luis Díaz, presidente la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) asegura que "se pondría en grave riesgo la protección medioambiental" y que "la recalifiación de terrenos incendiados podría producir daños irreversibles".
Para él, "este cambio normativo abriría puertas a la especulación urbanística en los suelos afectados por el fuego”.
Por su parte, Teo Oberhuber, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción, lamenta que "las administraciones puedan usar los terrenos quemados a su antojo alegando que son de interés público", ya que "va en contra del espíritu de lucha contra incendios y en casos concretos puede llegar a incentivar la quema".
Sin embargo, desde el Gobierno español se señala que "la ley creará nuevas figuras que permitirán el aprovechamiento económico y acabar con el deterioro del bosque, los abandonos e incendios".
Trabajo limitado de los Agentes Forestales
El texto propuesto evitaría que los agentes forestales desarrollasen su trabajo de vigilancia del Medio Ambiente como hasta ahora, cambiando su condición de auxiliares de la Justicia a la de auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Así, las funciones se limitarían a llamar a Emergencias para que la Guardia Civil u otro Cuerpo fuese el que denunciase ante la Fiscalía.
"Lo que quiere la nueva Ley es atar de pies y manos a los agentes para que no se investiguen delitos ambientales", asegura Luis Díaz, quien considera que "no se puede permitir que los agentes medioambientales y forestales sean los auxiliares de un colectivo que está menos preparado y capacitado".
Opinión que es compartida por Ecologistas en Acción, al entender que "es un retroceso laboral, puesto que se dificulta que los agentes puedan ejercer como es debido".
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