S. BARRAGUER 30/11/2012
Doce días después de que Repsol decidiera dejar de fiar el combustible a los más de 200 vehículos del departamento de Medio Ambiente, los agentes forestales encuentran cada vez más difícil cumplir con su cometido. La deuda que el Gobierno de Aragón ha contraído tanto con esta compañía como con Cepsa, que el día 20 llegó a bloquear durante algunas horas el suministro a los coches que se abastecen en sus gasolineras, mantiene en vilo a los 350 agentes que operan en la comunidad.
"Ya hay muchos coches parados, especialmente en las zonas en las que no abundan las estaciones de Cepsa", manifestaron ayer fuentes de este colectivo, que desde el día 17 no pueden abastecerse en las gasolineras de Repsol --incluye las marcas Campsa y Petronor--. Las mismas fuentes denunciaron no haber recibido ninguna explicación por parte del Ejecutivo autonómico. Desde Medio Ambiente, se limitaron a apuntar que "se acordó un calendario de pagos y se está cumpliendo".
El día en que trascendió esta situación, el titular del departamento, Modesto Lobón, cifró la deuda en "dos facturas de 80.000 y pico euros" y restó importancia a los efectos del corte de suministro. El pasado jueves, de hecho, dio por "resuelto" el problema, que atribuyó a una "tensión de tesorería" y reconoció que únicamente se había visto afectado "algún pequeño servicio". Lobón apuntó, además, que existen fuentes de suministro alternativo.
Lo cierto, sin embargo, es que Repsol es, con 170 estaciones, la compañía con más presencia en la comunidad, y desde el pasado día 17 no sirve a los vehículos de Medio Ambiente. Cepsa, cuya amenaza de dejar de suministrar combustible se quedó en un amago, oferta 78.
SOLUCIONES Esta situación obliga a los agentes forestales bien a tener los vehículos parados, con el consiguiente perjuicio para un trabajo en el que el uso de los coches resulta "fundamental", bien a encontrar otras soluciones, como "recorrer 70 kilómetros más para poder repostar en Repsol o incluso a prestarnos garrafas a cuenta entre nosotros", según los agentes consultados por este diario.
Los efectos de los impagos son, en todo caso, menores en esta época del año, pues hasta un tercio de la plantilla aprovecha los meses de noviembre y diciembre para disfrutar de sus vacaciones o de los días libres de los que son acreedores. "Si todo esto hubiese pasado en junio, julio o agosto, no queremos ni pensar lo que habría pasado", alertaron ayer estos profesionales, que advirtieron de que "lo que estamos haciendo son parches y apaños, porque, digan lo que digan desde el departamento, el problema no se ha resuelto".
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