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AGENTES FORESTALES

La AAPNA es la asociación profesional de los AGENTES FORESTALES del Gobierno de Aragón

Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales. Artículo 2 y 3.

Artículo 2. Agentes forestales y medioambientales.
A los efectos previstos en la presente ley, son agentes forestales y medioambientales aquellas personas adscritas a las distintas administraciones públicas que, con independencia de la denominación específica, tengan encomendada, entre otras funciones que se detallan en el artículo 4, la tutela de la seguridad ambiental mediante el desempeño de las funciones de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y medioambiental.
Artículo 3. Naturaleza jurídica.
1. Los agentes forestales y medioambientales tendrán la condición de funcionario público, así como la de agentes de la autoridad. Cuando se cometa delito de atentado, que pueda poner en peligro grave la integridad física de los Agentes tendrán al efecto de su protección penal la consideración de agentes de la autoridad. Esta naturaleza jurídica se hace extensiva, a efectos de su protección jurídico penal, a los supuestos en los que se produzcan agresiones, amenazas, atentados y cualquier hecho de similar naturaleza, que se realicen como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, aun cuando estuvieran fuera de servicio en el momento de producirse, si los hechos se realizan como consecuencia o motivación de su ámbito profesional. Las faltas de respeto y consideración a los agentes forestales y medioambientales en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de infracción penal, se ajustarán a lo dictado por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, o las dictadas con similares fines.
2. Los agentes forestales y medioambientales tienen la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico, actuando en este último caso en auxilio de los jueces y tribunales de Justicia y del Ministerio Fiscal.
3. Las administraciones públicas y los particulares están obligados a prestar la colaboración que precisen con los agentes forestales y medioambientales en el ejercicio de sus funciones.

La AAPNA forma parte de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales AEAFMA y de la International Ranger Federation IRF

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sábado, 20 de marzo de 2021

Homenaje a la brigada de Alcorisa al cumplirse 10 años del accidente del helicóptero

 

 https://www.heraldo.es/

 La justicia española archivó el caso, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que no hubo un juicio justo y obliga a reabrir la causa

 Teruel

Sentido homenaje de familiares, compañeros y amigos, este viernes en la base de Alcorisa. Foto HERALDO

 

La base de la brigada helitransportada de Alcorisa acogió este viernes al mediodía un emotivo recuerdo a los seis bomberos forestales fallecidos en un accidente de helicóptero a causa de un fallo mecánico cuando se dirigían a sofocar un incendio entre Villastar y Villel hace ahora 10 años. Sus compañeros, amigos y familiares se reunieron en un sentido acto de homenaje al que también asistió el único superviviente de la tragedia, el vecino de Castellote Ángel Aznar.

"Es un día para el recuerdo y homenaje a nuestros compañeros. El agente Rafa Andreu, el piloto Albert y los brigadistas Javi, Angus, Esteban y Moncho, todos de entre 24 y 40 años. Ángel, el quinto brigadista, que salió con vida del accidente aunque con graves consecuencias, podrá estar con nosotros", decía el mensaje que con fotografías compartió la Asociación profesional de Agentes para la Protección de la Naturaleza en su perfil de Twitter.

En estos diez años, las familias han visto cómo en la justicia española se daba carpetazo al proceso abierto por el accidente. La investigación determinó que una de las piezas no había superado las inspecciones pertinentes, pero el caso se cerró sin responsables. Finalmente, en octubre de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que las víctimas del accidente de la helitransportada no tuvieron un juicio justo.

Esta sentencia obligará a los juzgados turolenses a reabrir el caso. El tribunal lo remitirá de oficio, pero tardará meses. Estrasburgo dio la razón así a la viuda del brigadista andorrano fallecido, Esteban Galve, que ha ido agotando la vía ordinaria en España viendo cómo se archivaba el accidente.

Este viernes, el día en el que se cumplía una década del fatídico suceso, el homenaje fue más numeroso para recordar y depositar flores en el monolito en honor de los seis fallecidos: Angus Thomson, de 35 años, de Alcañiz; José Ramón Milián, de 24 años, de Alcañiz; Francisco Javier Benaque, de 33 años, de Andorra; Esteban Galve, de 35 años, de Andorra; el piloto Albert Batlle, de 38 años y residente en Manresa (Barcelona); y el agente de protección de la naturaleza Rafael Andreu, de 40 años, de Torre de Arcas.

Levid Gracia, como representante de sus compañeros, y Diego Bayona, director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, leyeron unas palabras en un acto conducido por el coordinador de los Agentes de Protección de la Naturaleza en el Bajo Aragón, Javier Escorza. "Ha sido un día de mucha emoción, siguen en nuestro recuerdo. Fue una gran tragedia perder a nuestros compañeros en un accidente", afirmó Escorza.

En el apartado judicial, tres de las familias también anunciaron después del fallo de Estrasburgo que iban a pedir al Tribunal Supremo que declare nulo el sobreseimiento de la causa que dictaminó la Audiencia Provincial en 2015.

También solicitaron al Gobierno de Aragón su apoyo para la iniciativa. En diciembre de ese año, mandaron una carta a la representación procesal de Sodemasa y el Gobierno de Aragón, es decir, a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón en Teruel.

El abogado José Vicente Gracia, que representa a la viuda de Esteban Galve, fue el único que decidió seguir adelante y presentó el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se archivó el caso. El resto de familiares de las víctimas no se vieron con fuerzas para continuar, sensación que se agravó con la resolución de la Comisión de Investigación que tuvo lugar en las Cortes de Aragón en 2019. Tardó más de dos años en comenzar desde que fue aprobada y apenas duró cinco meses y contó con seis comparecientes.

 

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