EP / Zaragoza 29-5-10
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, negó ayer en las Cortes que existan “problemas de actuación ni de coordinación” entre el Deparatmento que él mismo dirige y la Fiscalía de Teruel. Boné compareció ayer en Comisión de las Cortes autónomas, a petición del PP, para hablar sobre las medidas tomadas tras las denuncias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, recogidas en la memoria de 2008, respecto a las relaciones de colaboración entre el Departamento y la Fiscalía de Teruel.
Boné recordó que, tras los incidentes manifestados, hubo una reunión entre todas las partes para elaborar un protocolo de actuación “que no ha supuesto variaciones significativas”.
“Estos acuerdos se basan --como explicó el consejero-- en las reuniones periódicas”, una vez al mes, en el establecimiento del proceso de los expedientes susceptibles de algún delito, “que tal y como hablamos lo procedente es que los servicios jurídicos de los servicios provinciales dictaminen si es susceptible de ser remitido a la fiscalía o no, como se hace siempre” y, por último, en mantener el auxilio a la fiscalía, “el que haga falta, siempre a través de los órganos pertinentes”, añadió el consejero.
En cuanto a los informes de los agentes de la protección de la naturaleza (APN), el consejero Boné insistió en que “siempre van al servicio jurídico, que es el que tiene formación y competencias, en el ejercicio de sus funciones diarias, para dirimir a dónde se dirige ese informe. Siempre ha sido así”.
En el turno de los Grupos, Javier Gamón (PP) señaló que la Fiscalía hizo un informe crítico con el Departamento y se convocó una reunión entre las partes para evitar los problemas de comunicación y coordinación.
“Se ofrecieron a hacer unos protocolos”, indicó Gamón, por lo que se dirigió a Boné, a quien exigió saber “si funcionan ya y, en tal caso, que nos los trasladen para saber en qué consisten y cuál va a ser el procedimiento normal de los expedientes, aunque usted reitera que será como ha sido siempre”.
Por otra parte, Javier Sada (PSOE) manifestó que “las aclaraciones del consejero son suficientes” y que se han superado los “malentendidos”.
Asimismo, el diputado socialista expresó que “el fiscal superior de Aragón ya ha dejado claro el papel y las competencias de los APN y de la policía judicial”.
Desde el Partido Aragonés (PAR), Joaquín Peribáñez disertó sobre “las funciones de los APN como policías judiciales, aunque otra cosa es que ejerzan y se les considere como tales” y recordó que “el auxilio de los APN a la Fiscalía es algo común, pero no son policía judicial como tal”. Peribáñez dijo que el protocolo de actuación es el adecuado.
Por su parte, Bizén Fuster (CHA) afirmó que en “ese posible protocolo pactado” no han participado los APN ni otros afectados por el mismo, y ha puesto en duda "todo lo explicado por el consejero". Fuster profundizó en el trabajo de los agentes de protección de la naturaleza y defendió una mayor consideración en sus valoraciones de los informes.
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