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El consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente de DGA, Modesto Lobón, comparecerá hoy jueves en el pleno de las Cortes de Aragón para informar sobre las iniciativas realizadas por su departamento en relación a las roturaciones presuntamente realizadas en el Paraje de la Herradura de Caspe. Esta comparencia se realiza a petición deIzquierda Unida, que también remitió este caso a la Comisión Europea de la mano de su eurodiputado, Willy Meyer.
En este sentido, el órgano de la UE se encuentra aún a la espera de recibir por parte delejecutivo español toda la información solicitada, ya que las zonas consideradas como ZEPA se rigen por una normativa europea incluida dentro de la Red Europa 2000. Precisamente, la protección de este paraje considerado como de especial protección paisajística está siendo la problemática fundamental de todos los trabajos que se han realizado en los últimos años en esta finca entre los que destaca la roturación de tierras o la construcción de edificaciones.
Cada vez son más las instituciones públicas implicadas en este largo proceso. La última en sumarse ha sido la Confederación Hidrográfica del Ebro que ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa hortofrutícola de La Herradura S.L por supuestos riegos ilegales. El origen de este procedimiento se remonta al pasado mes de agosto cuando la Guardia Civil solicitó a la CHE toda la documentación sobre permisos y concesiones otorgados a la central caspolina. En ese momento, Confederación llevó a cabo una inspección en la finca detectando, así, en agosto de este año el riego de más hectáreas de las figuradas en los títulos concesionales, así como la captación de agua para el abastecimiento no de boca de los barracones y el almacén donde se realizan las labores de selección y refrigeración de la fruta. Todo ello incumpliendo las dos concesiones otorgadas por esta institución en el año 2002 y en el 2005. A pesar de todo esto, según fuentes de la CHE consultadas por LA COMARCA dicho expediente estaría supeditado a la vía judicial que, en estos momentos, se está desarrollando en dependencias judiciales caspolinas. Eso sí afirman que las infracciones que se incluyen en el documento se califican como «menos graves» y podrían ocasionar para la central multas que rondarían entre los 10.000 y 50.000 euros. Por otro lado, el organismo aún no ha valorado los daños ocasionados al dominio público hidráulico.
Comparecencias en el juzgado
Paralelamente, los Juzgados de Caspe continúan con la fase de instrucción del caso de La Herradura que volverá a abrir un nuevo capítulo el próximo 10 de diciembre cuando a partir de las once de la mañana comiencen las comparecencias de los dos últimos imputados. Con ellos se amplía la lista a un total de 17 personas implicadas en el caso y que han declarado en dependencias caspolinas. Se trata de un biólogo y una abogada, pertenecientes al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y responsables de la tramitación, desarrollo y cierre los expedientes sancionadores por infracciones de la normativa ambiental.
Estas dos últimas imputaciones, que conocíamos el pasado mes, son consecuencia de las declaraciones realizadas por otro de los implicados en el caso en septiembre. Se trata del ex director provincial de Medio Ambiente, Eliseo Martínez, que admitía ante la magistrada durante su interrogatorio en Caspe que el cierre del expediente sancionador contra La Herradura, iniciado tras la denuncia realizada por un Agente de Protección de la Naturaleza en el año 2002, se debía a que los servicios jurídicos le habían notificado la prescripción de todos los delitos.
Precisamente, la denuncia presentada por el APN también se convirtió en el eje del interrogatorio inicial que el Seprona llevó a cabo a principios del mes de octubre a estos dos técnicos. En él, los agentes volvieron a hacer hincapié en los motivos de la prescripción de la denuncia en dependencias de DGA. Ante las preguntas de haber recibido indicaciones de organismos superiores para no tramitar el expediente sancionador, ambos técnicos lo negaron, aunque sí que admitieron que podría haberse quedado traspapelado en la mesa de algún funcionario. Todo apunta a que el interrogatorio de la magistrada continuará por esta línea de investigación: conocer los motivos de la prescripción.
