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AGENTES FORESTALES

La AAPNA es la asociación profesional de los AGENTES FORESTALES del Gobierno de Aragón

Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales. Artículo 2 y 3.

Artículo 2. Agentes forestales y medioambientales.
A los efectos previstos en la presente ley, son agentes forestales y medioambientales aquellas personas adscritas a las distintas administraciones públicas que, con independencia de la denominación específica, tengan encomendada, entre otras funciones que se detallan en el artículo 4, la tutela de la seguridad ambiental mediante el desempeño de las funciones de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y medioambiental.
Artículo 3. Naturaleza jurídica.
1. Los agentes forestales y medioambientales tendrán la condición de funcionario público, así como la de agentes de la autoridad. Cuando se cometa delito de atentado, que pueda poner en peligro grave la integridad física de los Agentes tendrán al efecto de su protección penal la consideración de agentes de la autoridad. Esta naturaleza jurídica se hace extensiva, a efectos de su protección jurídico penal, a los supuestos en los que se produzcan agresiones, amenazas, atentados y cualquier hecho de similar naturaleza, que se realicen como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, aun cuando estuvieran fuera de servicio en el momento de producirse, si los hechos se realizan como consecuencia o motivación de su ámbito profesional. Las faltas de respeto y consideración a los agentes forestales y medioambientales en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de infracción penal, se ajustarán a lo dictado por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, o las dictadas con similares fines.
2. Los agentes forestales y medioambientales tienen la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico, actuando en este último caso en auxilio de los jueces y tribunales de Justicia y del Ministerio Fiscal.
3. Las administraciones públicas y los particulares están obligados a prestar la colaboración que precisen con los agentes forestales y medioambientales en el ejercicio de sus funciones.

La AAPNA forma parte de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales AEAFMA y de la International Ranger Federation IRF

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viernes, 18 de octubre de 2013

Dos imputados más en el caso de La Herradura


VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2013 17:56
SANDRA BUZON

La denuncia presentada por un Agente de Protección de la Naturaleza en el 2002 en la que se señalaba una destrucción del hábitat considerado como ZEPA en la finca de La Herradura y que prescribió en dependencias del Gobierno de Aragón ha sido el motivo principal de las dos nuevas imputaciones de este caso, que todavía se encuentra en fase de instrucción en los juzgados de Caspe.

Se trata dos técnicos, un biólogo y una abogada, pertenecientes al Departamento de Medio Ambiente de DGA y responsables de la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones de la normativa ambiental. Todo apunta a que el interrogatorio de la juez de Caspe, que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a partir de la once de la mañana, se centré en los motivos de la prescripción de dicha denuncia realizada por el APN, así como por el procedimiento que se siguió desde el ejecutivo autonómico tras la recepción de este aviso. Precisamente, la misma cuestión también se le planteó en los últimos interrogatorios llevados a cabo por la magistrada a Eliseo Martínez, ex director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza que admitió el cierre del expediente sancionador a la finca tras haberle informado los servicios jurídicos del departamento de la prescripción del delito. Con estos dos técnicos ya son 17 los imputados en este caso entre los que destacan ex altos cargos de DGA y del Partido Socialista en Caspe, tres ingenieros, así como personal técnico del consistorio.

Por otro lado, los dimes y diretes entre la juez y el Ayuntamiento de Caspe continúan. En esta ocasión, en el último auto de la magistrada se devuelven las competencias en sanciones administrativas a la entidad municipal, tras haberles advertido a mediados del mes de abril de poder cometer un delito de desobediencia si llevaban a cabo acciones extrajudiciales contra la finca hortofrutícola de La Herradura. A pesar de ello, el documento pide cautela al ayuntamiento, ya que les informa que existe un procedimiento abierto que se encuentra en fase de instrucción del que forman parte como acusación particular. De esta manera, el ayuntamiento de Caspe vuelve a coger la batuta en cuanto al expediente de disciplina urbanística. Según fuentes municipales consultadas por LA COMARCA el consistorio va a iniciar este procedimiento cuyo primer paso será nombrar un instructor y un secretario y cuyas últimas consecuencias podrían ocasionar el cierre de las instalaciones que no tuvieran licencia de actividad en la finca, así como una cuantiosa sanción económica.

Finalmente, el letrado defensor de la Comunidad Autónoma ha solicitado el sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto a Carlos Clemente, José Luis Castellano, Mariano Sanagustín, Antonio Latorre y Eliseo Martínez, ex altos cargos y jefes de sección del Gobierno de Aragón, que fueron los últimos imputados en este caso.

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