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Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alertan en un comunicado conjunto de que el responsable de la Dirección General de Gestión Forestal, Diego Bayona, pretende excluir a los funcionarios públicos del operativo de incendios forestales de Aragón, cambiando un operativo de extinción que actualmente tiene “bajo coste y excelentes resultados” y “poniendo en peligro el medio ambiente aragonés”. Según los sindicatos, este cambio, “parece tener como único fin el cumplimiento de sus compromisos políticos con la empresa pública SARGA”.
Este es el comunicado, íntegro, de los sindicatos:
GRAN PREOCUPACIÓN SINDICAL ANTE EL RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL OPERATIVO DE INCENDIOS FORESTALES EN ARAGÓN.
Las centrales sindicales UGT, CCOO Y CSIF critican la externalización
y adjudicación “a dedo” de un estudio para el diseño de un nuevo modelo
de operativo. El actual operativo de prevención y extinción aragonés es
un ejemplo a nivel estatal por su bajo coste y excelentes resultados,
pero la
Dirección General de Gestión Forestal gestionada por Diego
Bayona, responsable de los incendios forestales, apuesta por un nuevo
modelo sin justificar su necesidad.
La extinción de los incendios forestales en Aragón responde a un modelo de operativo de contrastada eficacia y eficiencia desde hace más de 40 años, en el que las competencias recaen sobre el Departamento de Medio Ambiente, que dispone de un dispositivo con atención 24 horas al día durante todo el año conformado por personal funcionario y laboral de la propia Administración (ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes para la protección de la naturaleza y conductores), y por personal contratado a través de la empresa pública SARGA.
El aterrizaje del nuevo Director General de Gestión Forestal de PODEMOS parece tener como único fin el cumplimiento de sus compromisos políticos con la empresa pública SARGA, ninguneando y menospreciando de manera continuada al personal de su propia Administración poniendo en peligro el medio ambiente aragonés ante las fatales consecuencias que un cambio en profundidad de modelo de operativo pudieran tener.
En poco más de medio año, desde la Dirección General, con Diego Bayona y su equipo de asesores al frente, se ha dado carpetazo a un grupo de trabajo que tenía muy avanzada la adaptación del operativo a la normativa vigente y se ha sometido a participación ciudadana un informe tendencioso y parcial, que ha sido duramente criticado por la práctica totalidad de los participantes en el proceso y ahora se ha producido esta adjudicación “a dedo” que únicamente parece encaminada a contratar a un “experto externo” que avale su nuevo modelo porque piensa que el operativo actual no es válido en el futuro. El Departamento de Medio Ambiente dispone de excelentes profesionales para realizar dicho estudio sin la necesidad de acudir a una empresa externa. Estos funcionarios están sobradamente preparados con experiencia más que demostrada en la prevención y extinción de incendios forestales, que hacen del modelo aragonés un referente a nivel nacional y ahora parece que sus conocimientos no son suficientes. ¿Será que se pretende apartarlos también de sus funciones en la prevención y extinción de incendios?
Las centrales sindicales comparten la necesidad de mejoras puntuales en el actual modelo, pero éstas son de sobra conocidas y reivindicadas por su parte desde hace años, por lo que nada justifica el gasto de 14.991,84 € (evitando el control al que se someten los contratos de importe superior a los 15.000 €) en un informe que si se realiza con rigor llegará a las mismas conclusiones: la red de comunicaciones está obsoleta, lo que compromete gravemente la seguridad y eficacia de las operaciones; los vehículos de la Administración son inadecuados, viejos, con graves problemas de seguridad y sin los prioritarios V1, obligatorios en los vehículos de emergencia; la investigación de causas de incendios, fundamental para prevenirlos, es informal y desorganizada; las bases, cuando las hay que no siempre, son tercermundistas, careciendo de servicios básicos como agua corriente, duchas o electricidad; no existen protocolos claros con el 112 para emergencias distintas de los incendios forestales, desaprovechándose así recursos, etc...
Por todo ello si la intención de la Dirección General de Gestión Forestal es separar al personal funcionario y laboral de la Administración de la prevención y extinción de incendios forestales, la respuesta sindical será de oposición contundente y decidida”.
Desde la Dirección General de Gestión Forestal indican al respecto lo siguiente:
"Para el trabajo de diseño del nuevo modelo de operativo de prevención y extinción de incendios se sacó públicamente a través del perfil del contratante un contrato menor para asistencia técnica del mismo. Este contrato se adjudicó a la Fundación Pau Costa (fueron los únicos en presentarse) y es una asistencia técnica. La dirección del trabajo la realiza el servicio de incendios de la Dirección General de Gestión Forestal. A la vez, hay en marcha un proceso de participación ciudadana puesto en marcha a través de la dirección General de Gobierno Abierto".
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