La seguridad sigue siendo una asignatura pendiente para los agentes de protección de la naturaleza de Aragón

Casi nada ha cambiado en esta profesión tras el asesinato de dos guardas forestales a principios de año en Lérida. 

http://www.heraldo.es/

M. T. F. Zaragoza 07/11/2017

Hace un par de semanas se cumplieron nueve meses del asesinato de los agentes forestales David Iglesias y Xavi Ribes. Ambos fueron asesinados a tiros por Ismael Rodríguez, una persona que estaba practicando la caza del zorzal sin ser el propietario del arma de fuego y sin tener el permiso obligatorio que le habilitaba para utilizarla. 

Según declaró Rodríguez ante el juez semanas después del doble crimen, los agentes le pidieron la documentación y él se puso "muy nervioso" y disparó la escopeta, que actualmente era propiedad de un amigo suyo (Rodríguez había sido algún tiempo antes su titular pero acabó vendiendo el arma). La investigación de los Mossos d'Esquadra determinó que la escopeta del calibre 12 había sido disparada a corta distancia de las víctimas.

La tragedia de Aspa abrió un amplio debate sobre la seguridad de estos profesionales: ¿debían ir armados los agentes forestales? El debate se vivió con intensidad tanto fuera como dentro de la profesión porque había opiniones para todos los gustos. La controversia también llegó a Aragón, donde los agentes forestales reciben el nombre de agentes para la protección de la naturaleza (APN). 

Meses después, el interés sobre esta cuestión no se ha perdido, ni tampoco se ha llegado a una fórmula 100% válida porque quizás no exista. La seguridad de estos profesionales fue uno de los puntos que se trataron en el IV Congreso Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales que se celebró hace un par de semanas en el valle de Arán. 

Representantes de diferentes regiones intercambiaron puntos de vista en este foro. Hay que recordar que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que cada una ha aplicado los cambios que ha considerado en esta cuestión y no existe un marco común a nivel nacional. En Cataluña, por ejemplo, después del asesinato de David y Xavi se planteó que los agentes que realizaran los servicios de caza fueran en grupos de tres personas, una de ellas armada, y todos ellos con chaleco antibalas. Precisamente una ley básica que regule algunos parámetros fundamentales es lo que piden algunas voces del sector.

Imagen de archivo de un agente de protección de la naturaleza de Aragón.

Protocolo básico en Teruel

En Aragón, el presidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (Aapna), Javier Escorza, explica que desde el suceso de enero "en Aragón no se ha avanzado nada, pero se van haciendo cosas". Hace tan solo unas semanas que comenzó una nueva temporada de caza, tanto mayor como menor, y, al menos en la provincia de Teruel, se ha puesto en marcha un protocolo a la hora de realizar los servicios de caza: siempre acuden a pedir la documentación en pareja y, antes de la actuación, dan aviso a la emisora, que hasta la comunicación del final del servicio llama a los agentes cada cinco minutos para verificar que están bien. Esta es una de las cosas que han cambiado a raíz del asesinato de David y Xavi. 

"Es un protocolo de mínimos, aún hay mucho camino por recorrer en las condiciones de seguridad en las que realizamos nuestro trabajo", apunta Escorza, que confía en que se vaya avanzando en estas cuestiones como ya se ha hecho en cuestión de imagen: dentro de poco recibirán por primera vez vehículos rotulados con su denominación oficial. "No nos cabe duda de que la imagen única siempre redunda en la seguridad porque permite identificarnos inequívocamente", señala. 

Los APN realizan muchos y muy diversos trabajos en los campos y montes aragoneses. De ellos dependen desde los censos de aves y peces hasta la extinción de incendios pasando por los ya citados controles de la práctica cinegética. Los agentes para la protección de la naturaleza son autoridad pública y policía judicial: pueden sancionar si una persona no cumple la normativa, su palabra tiene presunción de veracidad en un juicio y, ante un juzgado o tribunal, pueden presentar pruebas si se ha cometido un presunto delito. 

Precisamente este extremo es el que quieren resaltar desde la propia profesión: son autoridad pública, y no todas las personas que se encuentran en el campo les tratan así. "Notamos que la gente ha perdido el respeto: a veces saben que lo que están haciendo está mal, porque conocen la norma, pero si les requieres al respecto se atreven a contestarte", indica Escorza, que afirma que esta es una situación que se da en bastantes ocasiones.

"La seguridad es una asignatura pendiente en el trabajo diario de los APN. Es un tema que miramos con cierta preocupación", sostiene Escorza, que muestra su confianza en que el protocolo puesto en marcha en Teruel sea "el primer paso para algo más elaborado", aunque reconoce que la dificultad de poner de acuerdo a todos los actores que tienen que ver en este asunto: administración y agentes, donde también se dan diversas opiniones.