Los agentes comprobaron que nueve ciervos habían sido abatidos careciendo de precinto
Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre, cuando una patrulla de Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, de servicio en la zona de Belver de Cinca interceptaron a un grupo de cazadores cuando estaban finalizando una batida de caza mayor. En la misma, se comprobó que habían abatido cinco jabalíes y nueve ciervos, percatándose que estos últimos carecían del preceptivo precinto que debe ser colocado en cada uno de los animales. Tras requerir toda la documentación y autorizaciones del terreno cinegético y de los cazadores participantes en la batida, los agentes constataron que, además de carecer de los citados precintos, se había sobrepasado el cupo autorizado para el año en curso.
Durante la intervención de los agentes, un camión de recogida de animales de caza para consumo humano llegó hasta el lugar en el que se cometieron los hechos, con la intención de recogerlos para su traslado hasta uno de los centros de transformación. Interceptando este camión, los agentes comprobaron que transportaba otros cinco ciervos, provenientes de Cataluña, que también carecían de precintos. Se verificaron los documentos preceptivos para la recogida, transporte y comercialización de carne de caza y se está investigando el origen y trazabilidad de los animales, así como la empresa dedicada a la comercialización de carne de caza mayor.
Por estos hechos, los APNs han formulado las correspondientes denuncias, procediendo al decomiso de los animales con origen ilícito, que fueron trasladados por los agentes a uno de los puntos de alimentación suplementaria que posee el Gobierno de Aragón para la alimentación de aves necrófagas.
La caza de determinadas especies cinegéticas, como el ciervo, se autoriza desde el INAGA con un cupo que viene determinado por la población existente en cada coto de caza. Para garantizar que ese cupo de cumple por todos los cotos, el INAGA entrega tantos precintos como animales hay autorizados, debiendo colocarse en los animales tras abatirlos. La no colocación de estos implica un nulo control de los animales abatidos, práctica ilegal que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón persigue mediante sus agentes.
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