Desarmados en el Salvaje Oeste del campo español: así se sienten los guardas forestales

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Las agresiones y amenazas contra los forestales se han multiplicado en los últimos años. Todos quieren más protección y algunos reclaman poder usar armas de fuego

Un agente forestal toma muestras para investigar las causas de un incendio. (EFE)

Semana sí, semana no, alguien encañona a un guarda forestal con un arma en algún lugar de España. En Madrid, dejaron a uno atado en mitad del monte. En Asturias, quemaron un coche patrulla hasta calcinar las ruedas y arrojaron el cuerpo de un lobo decapitado sobre otro vehículo. En Extremadura, intentaron apuñalar a un tercero durante un control rutinario. En la Comunidad Valenciana, aparecieron pintadas amenazantes en la casa familiar de otro de ellos. En Andalucía, una pareja que iba de patrulla presenció cómo les destrozaban el coche desde su interior, donde se habían refugiado segundos antes para evitar que los linchasen con palos. En Cantabria, unos motoristas le pegaron una paliza y después lo atropellaron. En Castilla-La Mancha, los corrieron a pedradas…

Los ataques contra los diferentes cuerpos autonómicos de la Guardia Forestal y Medioambiental se han recrudecido en los últimos años, pero nunca había ocurrido algo como lo que sucedió el pasado sábado 21 de enero, cuando Ismael Rodríguez Clemente, un chico de 28 años que había salido a cazar con la licencia caducada, pegó cuatro tiros en la cabeza a dos agentes rurales en Aspa (Lleida), en un crimen sobre el que todavía hay muchos interrogantes. “Llevamos mucho tiempo diciendo que antes o después iba a pasar algo así por la escasa regulación que hay y porque estamos desprotegidos. Nosotros hace poco nos tuvimos que tirar al suelo durante una montería y nos pasaron las balas a un metro”, asegura un veterano del cuerpo en plena sierra de Guadarrama.

"No se puede conducir borracho, pero sí se puede disparar borracho. Esto lo vemos a menudo"

Las cifras pueden ser tramposas porque muchos incidentes no acaban siendo reportados, pero los agentes consultados aseguran que las agresiones y accidentes se han multiplicado en los últimos años. “Las agresiones graves, las denunciadas, han pasado de ser cinco en 2015 a 10 en 2016. Es un tema que llevamos reclamando desde hace tiempo porque no tenemos ninguna protección”, comenta Pedro Bécares, forestal del Sindicato de Funcionarios (CSIF). Se ven a sí mismos como el único cuerpo de funcionarios con labores policiales que no tiene medios para defenderse. En un entorno, además, en el que mucha gente va armada y en el que la ayuda, cuando la necesitan, puede tardar horas en llegar. “El que sale a coger setas lleva una navaja, el pescador lleva un cuchillo y los cazadores... No se trata de criminalizarlos, pero son la comunidad armada más grande del país y, como en cualquier otro colectivo, hay gente conflictiva. A veces hay situaciones tensas con gente armada... y sin testigos. Te sientes un poco como en el Salvaje Oeste”.

En un cuerpo de más de 6.500 agentes, hay variedad de opiniones. “Algunos pensamos que no necesitamos armas de fuego, sino un entrenamiento en defensa personal y luego protección pasiva: chalecos anticortes o antibalas, esposas, algún tipo de 'spray' para reducir a la gente..”, explica el agente madrileño. También propone que se introduzcan nuevas normas de prevención, como controles de alcoholemia para cazadores. “No se puede conducir borracho, pero sí se puede disparar borracho. Esto lo vemos a menudo”, dice. Él y su compañero, afirma, se ven obligados a intervenir a menudo, a poner multas o pedir documentos a grupos de personas armadas, como las bandas que expolian las setas, o los propios cazadores furtivos. “Si te rodea un grupo de gente con navajas en la mano y el ambiente se pone tenso, nosotros lo único que podemos sacar es un bolígrafo y una libreta”, dice.

"Queremos armas"

Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), aboga directamente por dotar al cuerpo de armas cortas. “No quiere decir que todos tengamos que llevarlas siempre, pero al menos que nos den esa posibilidad en determinados operativos, y que nos incluyan en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, dice. Cabrero recuerda que el viejo Cuerpo de Guardería Forestal del que derivaron las diferentes versiones autonómicas era un cuerpo armado. “Al transferir las competencias, la tendencia fue ir retirando de forma progresiva las armas de forma incomprensible. Y nuestras funciones no solo no han disminuido, sino que han aumentado. El proceso culmina en noviembre de 2013, cuando son retiradas las últimas armas cortas a los agentes medioambientales de Castilla y León”.

El proceso de desarme culminó en noviembre de 2013, cuando se retiraron las últimas armas cortas

Sobre la ola de rabia e indignación provocada por el asesinato doble, en Cataluña el debate está avanzando más rápido. Allí ya se está negociando una resolución que acabará dotando de más capacidades a su cuerpo (los Agentes Rurales) para utilizar armas. Ya estaban un paso por delante del resto, al disponer de carabinas modelo Marlin que solo estaban autorizados a utilizar en los dispositivos antifurtivo. “En España hay cerca de 1,5 millones de licencias de armas y tres millones de licencias de caza. También hay auténticas bandas organizadas de recolección y venta de setas. Además, nos movemos en unas condiciones de aislamiento que no hay en el entorno urbano, a menudo sin cobertura, sin poder pedir ayuda y teniendo que apearse del vehículo. Ponerle a alguien una multa seria en situaciones así no es fácil”, insiste Cabrero.

Algunos forestales subrayan que los cazadores no son siempre su principal preocupación, aunque sean los más y mejor armados. “Últimamente nos dan guerra por ejemplo los de las motos, que se meten a conducir por los caminos los fines de semana. Nos pasa que cuando les das el alto te apartan de una patada y siguen”. Otros grupos que pueden convertirse en conflictivos, dicen, son los propietarios de edificaciones ilegales o los propios agricultores, con quienes tienen peleas de tanto en tanto.

"Se creen que son el 'sheriff"

“A veces cuesta que algunos entiendan y cumplan la normativa medioambiental. Y luego hay problemas que se repiten. Por ejemplo, con los ataques de lobos, que tenemos que certificar nosotros. Si vemos que la mordida al ganado es de un perro salvaje o de otro animal, el propietario no tiene indemnización, y se suelen enfadar mucho”, dice. “No queremos culpar a ningún colectivo. Por lo general la gente es razonable y amable pero, claro, gente problemática hay en todos los sitios. Y en el campo te pueden encañonar y no hay nadie mirando. Si un furtivo te amenaza, no tienes más remedio que darte la vuelta”.

Los agricultores y habitantes del entorno rural consultados no tienen queja del trabajo de los forestales y muchos apoyan sus reclamaciones, aunque critiquen el aumento de regulación medioambiental y las multas. “Si tuvieran más autoridad, como el Seprona, podrían meter mano a las mafias de las setas, donde hacen falta. Pero a veces tocan las narices porque no entienden que en mi finca yo estoy en mi casa y hago lo que quiero. Ponen algunas multas que son tonterías y hay algunos arrogantes, que se meten donde no saben y se creen que son el 'sheriff”, dice otro.

Lo ocurrido el pasado fin de semana es un hecho aislado, único, que no creemos que se solucione armando a los agentes

Desde la Oficina Nacional de la Caza (ONC) no tienen una posición definida, ya que están pendientes de una reunión. “En todo caso, lo ocurrido el pasado fin de semana es un hecho aislado, único, que no creemos que se solucione armando a los agentes. Y, por supuesto, queremos mostrar nuestro apoyo incondicional al colectivo de agentes rurales”.

Cabrero se queja también de la respuesta de las autoridades ante sus problemas. “Al Ministerio del Interior le hemos solicitado en numerosas ocasiones la modificación del reglamento de armas para habilitar el uso de arma corta en acto de servicio. No ha habido respuesta, pese a ser una reivindicación histórica de esta asociación”. Tras el duro mazazo por la muerte de dos compañeros, entre los agentes rurales catalanes crece la sensación de que el doble asesinato podría traer los cambios que llevaban tanto tiempo reclamando. “Es una pena que tenga que ocurrir una tragedia para que por fin se escuche nuestra voz”.

UGT denuncia la desprotección de los forestales que vigilan a los cazadores

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Tras el asesinato de dos agentes forestales en Lérida a manos de un cazador, el sindicato UGT en Aragón denunció ayer lo que consideran una «deficiencia en la evaluación de riesgos laborales» en las tareas de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). Entre las más destacadas señalan que no se ha identificado el riesgo de agresiones físicas y la ausencia de protocolos de actuación en vigilancia de caza.

El sindicato demanda por este motivo al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón la convocatoria urgente de la mesa técnica del sector para para exigir «la revisión de los protocolos de evaluación de riesgos, la dotación adecuada de medios y formación».

Las carencias en cuestiones de seguridad, según UGT, también se extienden a la inexistencia de medios de disuasión o a las graves deficiencias en la red de emisoras y de telefonía móvil que impiden la comunicación permanente con el personal de apoyo en oficinas. Igualmente suman el riesgo de tener que realizar vigilancias en horarios nocturnos o la falta de una imagen corporativa clara en los vehículos y uniformes que identifique a los funcionarios de manera inequívoca como agentes de la autoridad.

Declaraciones del presidente de la asociación profesional de agents rurals

Declaraciones sobre el suceso de Aspa en el que fueron asesinados dos agents rurals, de F. Coll, presidente de ASPARC, asociación profesional de los agents rurals de Cataluña a la emisora de radio Carne Cruda.

Programa 259 metraje 39:40 Carne Cruda

¿Deben ir armados los agentes forestales?

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El terrible suceso de Aspa ha reabierto un debate que lleva años en el candelero porque cuando los forestales dependían del Estado sí que portaban armas.

M. T. F Zaragoza Actualizada 24/01/2017 a las 16:20

El asesinato de dos agentes forestales a manos de un cazador en el monte de la localidad leridana de Aspa ha devuelto a la primera página de la actualidad la labor de estos trabajadores, que en Aragón se denominan Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y son funcionarios dependientes del Gobierno de Aragón. De acuerdo con los datos facilitados por la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, dirigida en la actualidad por Joaquín Olona, este cuerpo está compuesto hoy por unas 350 personas que desarrollan su trabajo en toda la Comunidad.

Las funciones de estos trabajadores son tantas como diversas. Realizar censos de aves y peces, verificar que cazadores y pescadores practican estos deportes con todos los permisos en regla, participar en la extinción de incendios o controlar la recolección de setas figuran entre sus cometidos. "Todo cuanto acontece allí donde no hay asfalto, depende de nosotros", dice abarcando la inmensidad Ramón Regal, vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA).

Los forestales dependen de cada comunidad autónoma desde mediados de los años 80, cuando el Estado comenzó a transferir competencias a las autonomías, entre ellas las de Medio Ambiente. Hasta entonces, estas labores las desarrollaron los miembros del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Se trataba de un cuerpo nacional armado, no solo con pistolas "también llevaban armas largas, como rifles, y armas anestésicas para la gestión de la fauna", cuenta Ramón Regal. El Icona era una autoridad.

Hoy, los agentes forestales siguen considerándose autoridad pública y policía judicial: pueden sancionar si una persona no cumple la normativa, su palabra tiene presunción de veracidad en un juicio y, ante un juzgado o tribunal, pueden presentar pruebas si se ha cometido un presunto delito. Sin embargo, desde que se produjo la transferencia a las autonomías, los forestales, entre ellos los aragoneses, dejaron de ir armados. Y este es un extremo que décadas después sigue generando opiniones encontradas. Una discusión que se ha recrudecido estos días con el suceso de Lérida.

El debate de ir armados o no

El vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza no niega que de vez en cuando se encuentran con situaciones de enfrentamiento, pero comenta que no son frecuentes y que no siempre están protagonizadas por cazadores: también se enfrentan a ganaderos, recolectores y otras personas que no portan armas de fuego y recuerda que su compañero Pascual Garrido fue asesinado en Arguis en 1991 con una motosierra, un crimen que aún no ha sido esclarecido. Es por eso que hay agentes medioambientales que prefieren no llevar armas porque consideran que su porte y custodia supone una gran responsabilidad y que no son necesarias para la mayoría de los trabajos que realizan. 

En el lado opuesto se sitúan quienes opinan que llevar armas les daría mucha más seguridad en su día a día. En esta posición se sitúan sindicatos como CSIF, que ha anunciado que trabajará para regular el uso de armas en determinados servicios de especial riesgo como puede ser esta o los vigilantes de aduanas. 

El reto: conseguir una regulación de la profesión

Pero la cuestión de las armas no es el único reto actual de los forestales que lleva años en el candelero. También es intenso el debate sobre la necesidad de cubrir ese marco legislativo estatal que desapareció hace años. En este sentido, hay sectores que abogan por la modificación de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad para incluir a los forestales, y otros que piden una ley nacional de agentes forestales y medioambientales. En Aragón, los miembros del sector llevan años pidiendo una ley autonómica sin que se atiendan sus pretensiones.

Todas estas cuestiones se han mezclado con el estupor y el duelo por el fatal suceso de Aspa, unas sensaciones tristes que aún perduraban este lunes en numerosos rincones de la geografía española. En varias localidades aragonesas, compañeros de profesión de Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, los forestales asesinados, guardaron silencio en su memoria en sus lugares de trabajo. En Zaragoza, CC.OO., UGT y CSI-CSIF convocaron cinco minutos de silencio frente a la sede del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, una concentración a la que asistió el consejero Joaquín Olona y otros cargos de la consejería.

Aspa, donde ocurrió el terrible suceso, se encuentra a una media hora en coche de Fraga. Es por eso que, en diversas ocasiones, forestales aragoneses y catalanes han trabajado codo con codo y al funeral por el descando de Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, que se celebró este lunes por la tarde en Lérida, se desplazaron APNs de Aragón.

Funeral por los agents rurals muertos por un cazador en Lléida

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El Gobierno de Aragón se suma a los actos de condena por la muerte de los dos agentes rurales

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Un grupo de APNs asistirá a los funerales de las víctimas en Lérida

El Gobierno de Aragón se suma a los actos de condena por la muerte de los dos agentes rurales de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Ribas y David Iglesias y muestra sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de las víctimas.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha estado presente en la concentración convocada por las centrales sindicales CC.OO, U.G.T y CSI-CSIF, así como representantes de la Asociación Aragonesa de Agentes para la Protección de la Naturaleza, a las puertas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, donde se han guardado cinco minutos de silencio en señal de protesta. Asimismo, la concentración se ha extendido a todas las OCAs y a los servicios provinciales de las tres provincias.

Un grupo de Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón se desplazará hasta Lérida para asistir al funeral de los dos agentes rurales (16.00 horas, iglesia Sant LLorenç). Al tratarse de una zona limítrofe los agentes de ambas comunidades trabajan de forma conjunta en diversas ocasiones.

Al mismo tiempo, el consejero Joaquín Olona ha enviado una carta mostrando sus condolencias, en nombre del Gobierno de Aragón,  a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret; en la que además ensalzaba el trabajo de los agentes rurales que “velan por la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Así como, defienden el patrimonio natural y el futuro de nuestro entorno con la intención de que todo el mundo pueda disfrutar de él”, señalaba el consejero en su carta. Además, al finalizar el acto Olona apelaba a la “sensatez y el respecto” de la ciudadanía a la autoridad pública a la que representan y que “ejercen en beneficio de la sociedad”.

 

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Detenido un cazador como presunto autor de la muerte de dos agents rurals

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Un cazador mata a dos agentes rurales y se entrega a la policía en Lleida

• El autor ha disparado a la cabeza a las dos víctimas con una escopeta para la que no tenía licencia
• El 'conseller' de Interior asegura que no se trata de un accidente y censura la "intencionalidad clarísima" del detenido

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un cazador como presunto autor de la muerte de dos agentes rurales en Aspa (Segrià). Fuentes de la policía autonómica han explicado que ha sido el propio cazador quien ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que había disparado contra dos personas en un campo de la localidad. El hombre, según ha avanzado el 'conseller' de Interior, Jordi Jané, no tenía licencia para usar la escopeta de cartuchos con la que ha cometido el crimen, aunque sí la tenía para utilizar armas de otra tipología.

El arrestado, que pasará a disposición judicial el lunes en Lleida, ha disparado tres tiros hacia la cabeza de los agentes rurales, que han fallecido prácticamente en el acto. Las víctimas son Francesc Xavier Ribas Villa, de 43 años, vecino de Lleida y padre de un niño de 10 años, y David Iglesias, de 39 años, residente en la cercana localidad de Alcoletge (Segrià) y padre, en este caso, de una niña de siete.

La policia autonómica ha recibido el aviso hacia las 11.40 horas, y cuando han llegado al lugar se han encontrado muertos a los agentes. El detenido tiene 28 años, reside en Vacarisses (Vallès Occidental) y se ha entregado voluntariamente. El 'conseller' Jané ha descartado, de manera rotunda, que el suceso haya sido consecuencia de un accidente de caza. "Se trata de un hecho criminal, de un doble homicidio realizado con una intencionalidad clarísima", ha sentenciado el titular de Interior.

El autor iba acompañado de otras tres personas que no han presenciado los disparos pero que poco después, según ha aportado Jané, le han instado a que realizara la llamada al 112. Todos ellos habían llegado a Aspa este sábado, junto con dos acompañantes, para participar en una jornada de caza del tordo en el coto de caza de la localidad.

ESCOPETA DEL CALIBRE 12

El 'conseller' ha lamentado "la intencionalidad" con la que ha actuado el cazador, que sí tenía licencia de tipo D, que permite usar un rifle, pero no la E, obligatoria para utilizar la escopeta Benelli del calibre 12, "de estructura moderna", con la que ha perpetrado el crimen, al parecer apuntando directamente a la cabeza. El responsable de Interior ha explicado que el cazador ha realizado tres disparos (el máximo que permiten las características de esta escopeta). En el pasado sí había tenido el pertinente permiso E, pero nunca lo renovó y acabó caducando. La escopeta, de hecho, había sido de su propiedad, pero la vendió.

"Es la primera vez, en los 30 años de historia que tiene el cuerpo de Agentes Rurales de Catalunya que ocurre un hecho como este", ha apostillado Meritxell Serret, 'consellera' de Agricultura, departamento del que dependen estos especialistas en la vigilancia y cuidado del medio ambiente.

Jané también ha avanzado que tras esta tragedia se estudiarán los protocolos sobre la obtención de los permisos de armas. La escopeta estaba en situación activa, pero a nombre de otra persona. El 'conseller' ha pedido "no criminalizar" al colectivo de los cazadores: "Estaríamos siendo injustos si quisiéramos estigmatizar a todo un colectivo. Centenares de personas salen cada semana a cazar y no pasa nunca nada. No les representa, esto no es fruto de un accidente, sino un acto criminal".

UN RECLAMO TURÍSTICO

El Ayuntamiento de Aspa había abierto hace pocos días un periodo de inscripciones para la caza del tordo en el término municipal.

Todo apunta a que los agentes se habrían acercado al hombre durante un control rutinario. El Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent trabaja en el caso.

La caza del tordo se ha convertido en todo un reclamo turístico para esta localidad, que ofrece la posibilidad de cazar en el municpio por 40 euros. La temporada se abrió el 7 de enero y esta previsto que termine a finales de febrero.

A través de un comunicado, CCOO ha lamentado la muerte de los dos agentes rurales. "Hace 20 años que llevamos advirtiendo de que se podía producir una situación como esta", reporta la nota. Uno de los fallecidos había sido delegado de este sindicato entre los años 2012 y 2014. La otra víctima, asegura el comunicado, era delegado de prevención desde diciembre y estaba destinado a ser el encargado de impulsar el "protocolo contra las amenazas y agresiones que a menudo sufre este cuerpo".

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Detenido un cazador por matar a tiros a dos agentes rurales en un control

El hombre, de 28 años, asesinó a los agentes después de que constataran que no tenía el permiso en regla

Un cazador de 28 años ha matado este sábado a tiros a dos agentes rurales durante un control rutinario en un coto de caza de Aspa (Lleida). El hombre había salido a cazar tordos con un grupo de amigos cuando la pareja de agentes les ha sometido a una inspección. Se trataba de comprobar si tenían la documentación en orden y cumplían las normas de seguridad. El cazador no tenía en regla el permiso tipo E, necesario para la clase de arma (una escopeta larga) que estaba usando para cazar pájaros.

No se sabe qué ha ocurrido exactamente a continuación. El caso es que el cazador —español y vecino de Vacarisses (Barcelona)— ha disparado su escopeta contra el cuerpo de los agentes, de 43 y 39 años. Los ha matado en el acto. Poco después, ante la insistencia de sus compañeros de cacería, ha llamado él mismo al 112 y ha explicado los hechos. Los Mossos d’Esquadra han acudido a la zona, han constatado las muertes por arma de fuego y le han detenido.

El doble crimen ha conmocionado a un colectivo que, en Cataluña, integran 500 personas. Durante las casi tres décadas de existencia del cuerpo, algunos funcionarios han muerto en acto de servicio. Pero siempre de forma accidental, nunca intencionada. Los agentes, sin embargo, creen que ese día podía llegar en cualquier momento. “Padecemos a menudo amenazas y agresiones. Llevamos años alertando de que esto podía ocurrir”, ha lamentado CC OO, el sindicato al que pertenecían los dos fallecidos. Uno de ellos, de hecho, estaba impulsando un protocolo contra agresiones.

Sin testigos directos

El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 en una zona autorizada de caza de Aspa, a 20 kilómetros de la ciudad de Lleida. Hasta allí se ha desplazado, esta tarde, el consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané. Ha explicado que el homicida tenía caducado el permiso tipo E, aunque tiempo atrás lo había tenido en regla. La escopeta larga también había sido, antes, de su propiedad, aunque ahora figura a nombre de otra persona. “Los Mossos lo están investigando”.

Jané ha precisado que no hay testigos directos de los hechos. Los compañeros del cazador, precisó, no han visto nada. “Es una zona de olivos y estaban separados. Cuando el homicida ha disparado lo ha hecho sin que sus compañeros lo vieran”. El consejero ha asegurado que el cazador se encaró con los agentes cuando le pidieron la licencia. “Ha reaccionado de manera homicida y ha matado a los agentes que le requerían esa información”, ha lamentado.

La consejera de Agricultura, Meritxell Serret, también se ha desplazado a la zona para dar apoyo a “las familias” y a “todo el cuerpo de agentes rurales en este momento tan duro”. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha sumado a las condolencias a través de Twitter.

El suceso ha abierto el debate sobre las armas en un doble sentido. Por un lado, los permisos. El síndic de greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, ha anunciado que analizará “los criterios y las formas” que emplea la Guardia Civil —cuerpo competente en la materia— para conceder permisos de armas. En la misma línea, Jané ha dicho que será necesario “analizar cómo están los protocolos” de la Guardia Civil. El doble crimen también ha reavivado un viejo debate abierto entre los agentes rurales sobre si deben llevar armas durante su trabajo (la mayoría de veces no lo hacen). Los sindicatos denuncian que a menudo se producen agresiones, amenazas y situaciones conflictivas con los cazadores. Y que, en más de una ocasión, durante las inspecciones, más de uno “se ha puesto nervioso” y ha encañonado a un agente rural que iba a sancionarle.