Los agentes medioambientales llevarán al Congreso su oposición a la Ley de Montes

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• Consideran que les deja sin competencias como policías medioambientales y sin capacidad para investigar delitos en el campo

Agentes forestales luchan contra un incendio forestal. EFE/Oscar Corral

Publicado por: marta 4 febrero, 2015

EFEverde.- Los agentes medioambientales y forestales de España llevarán al Congreso de los Diputados su oposición "frontal" a la Ley de Montes, que dejaría "atados de pies y manos" a los funcionarios de este cuerpo al perder competencias en favor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), UGT y CCOO han mantenido en las últimas semanas reuniones con los principales partidos de la oposición en el Congreso y otros colectivos sociales para explicarles la situación en la que quedarían los más de 6.400 agentes en España.

Luis Díaz, presidente de AEAFMA, ha explicado hoy a Efe que la nueva Ley considera los agentes medioambientales “auxiliares” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que supone dejarles sin competencias como policías medioambientales con capacidad para investigar delitos en el campo.

La supresión en el texto de la definición de agente medioambiental como “funcionario” es un tema que preocupa a este colectivo, porque, ha señalado, “nosotros queremos seguir haciendo lo que hasta ahora, ser auxiliares de fiscales y jueces en la investigación de los delitos medioambientales que se produzcan en cualquier parte del territorio nacional”.

“No podemos permitir que quieran que los agentes medioambientales y forestales sean los auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un colectivo que está menos preparado y capacitado que nosotros”, ha añadido.

Agentes forestales especializados en trabajos de altura. EFE/CAM

En este sentido, ha defendido que “no parece lógico que el Gobierno quiera quitarnos estas funciones, como tampoco parecería lógico que el Gobierno sacara una ley para que los asesinatos lo investigaran los agentes medioambientales, qué no sabemos nada de eso”.

Si se aprueba la Ley, ha comentado el presidente de AEFMA, en España desaparecerían las unidades especializadas en investigación de incendios,  las unidades especializadas de venenos u otras como la brigada de delitos ambientales de Murcia o las patrullas de fauna de Cataluña.

Grave riesgo la protección medioambiental

En su opinión, la nueva Ley de Montes pone “en grave riesgo” la protección medioambiental de gran parte del territorio, y puede causar “daños irreversibles” a la naturaleza si finalmente incluye medidas como la recalificación de terrenos incendiados sin esperar 30 años.

Este cambio normativo, ha puntualizado, “abrirá la posibilidad a la especulación urbanística en los terrenos que fueran afectados por el fuego”.

Para Díaz, otras medidas negativas que incluye la Ley es la supresión de los planes de gestión en los montes privados y los montes públicos no catalogados, en los que se deja una moratoria de 25 años en su gestión.

En su opinión, esto conllevará un riesgo añadido de pérdida de biodiversidad ante el peligro de que se produzcan en ellos incendios forestales.

Ha anunciado que tanto AEAFMA, como CCOO y UGT, van a tomar las medidas legales que estén a su alcance para trata de frenar la ley, y no ha descartado la presentación de una queja o denuncia ante la Defensora del Pueblo y la Comisión Europea.

EFEverde

Forestales, sindicatos, oposicion y ecologistas unidos contra la ley de montes

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Propietarios de terrenos, ingenieros de montes y alcaldes, a favor. Agentes medioambientales, técnicos forestales, sindicatos, oposición (PSOE, IU, Podemos, UPyD, Equo, Pacma) y organizaciones ecologistas, en contra. Lamodificación de la Ley de Montes impulsada por el ya exministro Miguel Arias Cañete ha conseguido dividir en dos bandos a todas las partes interesadas del sector forestal español. El consenso parece difícil a corto plazo.

Los cambios que se pretenden aprobar afectan a las actividades económicas que se desarrollan en más de la mitad de la superficie de España. Un terreno, el de los montes y bosques españoles, al que le quedan aspectos por mejorar, especialmente en materia de conservación y mantenimiento. El texto presentado este mes en el Congreso de los Diputados poco tiene que ver con el que se sometió a debate público el año pasado, y supone un antes y un después en la independencia de los agentes medioambientales, el futuro de los terrenos afectados por incendios, la tramitación de las licencias de caza y la falta de impulso a los planes de gestión sostenible de los bosques. Precisamente los cuatro caballos de batalla que enfrentan a vigilantes y vigilados. El Confidencial ha recopilado los distintos puntos de vista.

Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma): en contra

La modificación de la ley, "otra ocurrencia más del Partido Popular", es, por encima de todo, "el mayor atentado que ha tenido el cuerpo de agentes medioambientales en los últimos 140 años", afirma Díaz. El texto planeasubordinar a este colectivo de 6.500 funcionarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –presumiblemente al Seprona de la Guardia Civil– y rebajarlos a la categoría de 'auxiliares'. Este hecho impedirá que los agentes investiguen delitos medioambientales, lo que a juicio del presidente de Aeafma, es "atarnos de pies y manos".

Agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, en labores de vigilancia. (Apam-CLM)

"Lucharemos sin cuartel en unidad de acción para que no salga adelante esta ley, que va contra los ciudadanos, contra el patrimonio medioambiental y contra un colectivo de funcionarios de 140 años de historia", adelanta Díaz. El presidente de Aeafma recuerda que la sala coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado felicita año tras año la labor como policía judicial del colectivo [vea el documento aquí]. Sin embargo, "parece que somos molestos para el Gobierno".

Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales: a favor

El también alcalde de Enguera (Valencia) considera "positiva en general" la propuesta de cambio legislativo, "aunque podría haber sido mucho mejor la ley en lo relativo a la titularidad de los terrenos" –dice– y destaca los cambios burocráticos en la gestión forestal, ya que, a su juicio, simplifican mucho "el papeleo". La creación de empresas mixtas entre el empresariado forestal y los propietarios de montes –las llamadas sociedades forestales– supone además desbloquear el abandono del bosque.

Por otro lado, que con la ley vigente exista la prohibición de un cambio de uso del terreno en los 30 años posteriores a un incendio es "un agravio", asegura, para los municipios. "Somos personas adultas, y los que vivimos en el mundo rural estamos cansados de este tipo de tutelas; no puede ser que una ley cercene el derecho al desarrollo de un municipio", dice. En ese sentido, cree provechosa para los intereses municipales la polémica medida de levantar el veto a construir en terrenos que han sido afectados por el fuego, una iniciativa que aprobó el Ministerio de Agricultura de la socialista Cristina Narbona con el objetivo de desincentivar los incendios "especulativos".

Rubén Paz, secretario del sindicato profesional de Agentes Medioambientales de UGT

Este agente forestal afirma que "siempre hemos tenido problemas con la clase política en general porque hacemos nuestro trabajo y denunciamos a quien debemos, normalmente a grandes fortunas, y respecto a la variación de la categoría laboral de su colectivo no entiende "cómo un cuerpo de funcionarios civil, capacitado y en mayor número, debe subordinarse a un cuerpo de carácter militar" [en referencia al Seprona]. "Se puede dar la paradoja de que yo llegue, vea un delito y me tenga que estar de brazos cruzados hasta que venga un policía o guardia civil, y entretanto el infractor ha escapado".

 Paz considera que "el PP tiene bien claro que los forestales estorbamos", y pone de ejemplo que el ministro Gallardón "se dejó en el tintero el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitarnos la función de policía judicial. Afortunadamente, el tiempo no les ha dejado". Y al margen de los problemas de los agentes medioambientales, que ven peligrar su independencia de acción, Paz se pregunta: "¿Acaso ha habido algún clamor social por cambiar la ley de montes vigente? ¿No chirría un poco que se quiera cambiar sin que haya habido una demanda por parte de la sociedad?"

Luis Fernández Villanueva, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente(Aproca): a favor

Tampoco entre las asociaciones que representan los intereses de los cazadores se ponen de acuerdo a la hora de evaluar este cambio de ley. A diferencia de la postura de la Real Federación de Caza, que felicitó al Gobierno por la aprobación del anteproyecto, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) y la Oficina Nacional de la Caza se han mostrado más críticas. Y Aproca, que reconoce que este Gobierno es el primero en escuchar las demandas del sector cinegético, ve positiva la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética y el establecimiento de una licencia única de caza, ya que con la normativa actual, en la cual un cazador debe solicitar una licencia distinta por cada comunidad autónoma, es "un caos legislativo".

Respecto a los planes de gestión, la asociación de propietarios de fincas rurales defiende que "no siempre es posible desarrollarlos" ya que, "si la Administración quiere trabajar en gestión forestal, antes tiene que poner dinero".

El Magrama quiere establecer una licencia única de caza para toda España.

Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales: en contra

De la Calle subraya cuatro elementos negativos que "olvida" el anteproyecto de ley: ni se reconoce el papel que juegan los montes a la hora de fijar y retener el CO2 emitido por los humanos, ni se promueve el uso de la biomasacomo fuente de energía 'verde' –"una oportunidad perdida para explotar un recurso nuestro, generar empleo local y evitar la despoblación", critica–, ni se insiste en la obligación de crear planes de gestión forestal, punto clave para evitar el abandono del bosque –"esta nueva ley dará a los propietarios nada menos que 25 años más de plazo para lanzar su plan de gestión", recuerda–.

El secretario general insiste en el hecho de que su Colegio lleva demandando desde hace años al Ejecutivo que determinados documentos técnicos sean redactados por expertos titulados (por ingenieros de montes). "Es una demanda que el Partido Popular hizo suya en 2006, cuando estaba en la oposición, y nos sorprende mucho que ahora que el partido está en el gobierno no se haya recuperado esa demanda nuestra".

Francisco Cabezos, secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO: en contra

"Esta ley debería estar enfocada a la producción y mantenimiento de los montes, y punto. Pero desgraciadamente se ha hecho famosa por asuntos que nada tienen que ver", como la caza, la especulación y el "poner una mordaza a un colectivo histórico de funcionarios". A juicio del representante sindical, "los cambios introducidos por este Gobierno se están convirtiendo en el Día de la Marmota de los agentes".

En 2006, recuerda, el PP ya intentó "que se nos quitara la facultad de policía judicial" para investigar delitos. Al año siguiente, la Comunidad de Madrid intentó impedir "que pudiéramos entrar en fincas y montes privados, pero no lo consiguió. Y es que no se dan cuenta de que los montes, sean de la titularidad que sean, están sujetos a la vigilancia de la Administración Pública: el bien público está siempre por encima del bien privado", distingue.

Narbona publicó este miércoles una dura tribuna en 'El País' contra una ley 'que atenta contra la Constitución'.

Pilar Lucio, secretaria de Sostenibilidad del PSOE: en contra

El partido que aprobó la norma vigente tampoco coincide con los planteamientos de Tejerina. "Toda la legislación aprobada en esta legislatura va en detrimento de la protección medioambiental: Ley de Costas, Ley de Parques Nacionales y ahora esto. Parece que estas leyes están hechas para satisfacer las necesidades de una minoría muy minoritaria de la sociedad. Tenemos pensado solicitar una enmienda de devolución ya que no estamos de acuerdo en absoluto con este cambio de ley".

Juan López de Uralde, portavoz de Equo: en contra

"Con esta ley, se vuelve a abrir la puerta a los incendios especulativos. Además, la no obligatoriedad de contar con planes de gestión de montes va a provocar todavía más abandono y, en consecuencia, un aumento de los incendios. La filosofía general de estos cambios es entender el monte como negocio, y nosotros no nos oponemos a esta idea siempre que el monte sea sostenible en el largo plazo. De forma prácticamente desapercibida, el Partido Popular ha desmontado las políticas medioambientales desarrolladas desde la Transición".

CHA pide que se respete la autoridad de los forestales

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EL PERIÓDICO 02/02/2015

CHA defiende la autoridad de los agentes forestales, unos 360 en Aragón y que son denominados técnicamente como agentes para la protección de la naturaleza, ante el "ataque que supone la modificación de la Ley de Montes que pretende impulsar el Gobierno de Rajoy". Para Joaquín Palacín, vicesecretario general de CHA, esta modificación supone "un paso atrás en la protección de los montes y abre las puertas a que las ilegalidades puedan quedar impunes". Según se recoge en el texto de la modificación de la Ley de Montes estatal, los agentes forestales pasan de tener un carácter de "policía judicial en sentido genérico" a que sus actuaciones tengan un carácter auxiliar de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, a la hora de practicar la investigación de un delito en su ámbito competencial deberán someterse a otra autoridad externa.

La DGA debe dos años de dietas a los forestales

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Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) llevan al menos dos años sin cobrar las dietas que les corresponden, e incluso "no pueden ya repostar en muchas gasolineras por falta de pago", según denunció CHA. El departamento aseguró que cobrarán pero "sin especificar cuándo, porque ahora tienen falta de liquidez", aseguró en una nota el diputado Joaquín Palacín. Afirmó que presentará una iniciativa parlamentaria contra la actuación del consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón.


Baja

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El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, debe responder a la mayor brevedad a la denuncia de CHA sobre retrasos en el pago de dietas a los agentes forestales, que alcanza los dos años. Una cosa es apurar plazos y otra ignorarlos.

Ley de montes, un recorte de derechos constitucionales

http://elpais.com/elpais/2015/01/28/

No olvidemos que los bosques generan servicios de extraordinario valor para nuestra salud y la reforma de esta norma los pone en riesgo

La nueva Ley de Montes permite recalificar áreas quemadas

CRISTINA NARBONA (OCEAN COMMISSION) 28 ENE 2015 

La relación entre economía y ecología ha centrado este año muchos de los debates de la cumbre de Davos. En particular, los lideres políticos y empresariales han sido alertados sobre la creciente evidencia de los efectos económicos y sociales, en algún caso irreversibles, de la denominada superación de los límites planetarios, objeto de estudio, desde hace años, de los informes del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo-.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, la pérdida de calidad de los suelos por exceso de fertilizantes y pesticidas... No son meros problemas ambientales, sino que además suponen riesgos para la provisión de agua y de alimentos, así como el aumento y la intensidad de fenómenos meteorológicos adversos, que acentúan la vulnerabilidad de los ciudadanos más desfavorecidos,con el consiguiente descrédito de empresas y de instituciones públicas.

Ademas, los costes económicos de la inacción ante estos desafíos resultan cada vez más elevados que el coste de prevenir o mitigar tales tendencias, por lo que algunas empresas y gobiernos han optado ya por un enfoque más integrado e inteligente de la relación entre economía y ecología, teniendo en cuenta el conocimiento científico y tecnológico existente.

Sin embargo, en España apenas se incorpora la componente ecológica al debate económico; mejor dicho, las denominadas reformas consideran erróneamente la desregulación ambiental como un requisito para la recuperación económica .

Así, desde el inicio de la actual legislatura, acorde con un enfoque economicista y cortoplacista, se han modificado —con urgencia y sin consenso— numerosas leyes de contenido ambiental: la de costas, la de aguas, la de evaluación ambiental, la de responsabilidad ambiental, la de parques nacionales...

Y ahora, el Gobierno anuncia el proyecto de ley que modifica la Ley de Montes, que había introducido en 2006 algunas novedades, valoradas como muy relevantes por el Consejo de Estado. En particular, la prohibición de cambio de uso durante 30 años de los suelos forestales objeto de incendio, la exigencia de planificación y ordenación de todos los montes conforme a directrices básicas dictadas por el Gobierno, la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad con funciones de policía judicial, y la creación del Fiscal especial de Medio Ambiente y ordenación del territorio.

Desde la aprobación de esta norma, el PP cuestionó, en concreto, la constitucionalidad de fijar en la misma un limite temporal mínimo para el cambio de uso de los montes incendiados. De hecho, varias comunidades autónomas intentaron incorporar a su propia legislación excepciones para seguir manteniendo la posibilidad de recalificación de los mismos. Algo que, en su día, había propiciado aberraciones como la construcción del fallido parque temático Terra Mítica o la urbanización de las laderas del monte Abantos.

Asimismo, la Comunidad de Madrid intentó eliminar en su legislación autonómica el carácter de agente de la autoridad de los agentes forestales, cuestión que fue recurrida con éxito ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno del que yo formaba entonces parte.

Pero ahora ya no se trata de modificaciones puntuales en normas autonómicas que no pueden contravenir una legislación básica estatal. Así, la reforma anunciada por el actual Gobierno introduce cambios de calado que, de nuevo, atentan contra nuestra propia Constitución, que establece en su art. 45 el derecho al medio ambiente, como una condición indispensable para el adecuado desarrollo de los ciudadanos. No olvidemos que los bosques generan servicios de extraordinario valor para nuestra salud y nuestra seguridad: proveen oxígeno, almacenan CO2, albergan rica biodiversidad, mantienen la humedad del aire —contribuyendo así a preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos—, mitigan el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos mas adversos.

La reforma de la Ley de Montes introduce la posibilidad de que, antes de transcurrir 30 años, se cambie el uso de los bosques incendiados sí concurren "razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley". Esas "razones", en todo caso, serán identificadas una vez acaecido el incendio. Porque la legislación todavía en vigor establecía, lógicamente, como excepción que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio en un instrumento de planeamiento que, como mínimo, se hubiera sometido ya a información pública.

Sí el texto se aprueba en su versión actual, se volverá a posibilitar que aparezcan "razones de interés general" que, quizás, estuvieran ocultas antes de producirse el incendio, y que en realidad respondan más a intereses particulares que al invocado "interés general".  ¿O es que la preservación de nuestros busques no se considera parte del interés general?

La otra modificación que preocupa —desde la defensa del interés general asociado a la preservación de nuestros montes— es la manifiesta reducción de las capacidades de los agentes forestales, a quienes la reforma convierte en auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, meros avisadores ante la evidencia de un delito. Hasta ahora, los agentes forestales han colaborado eficazmente y con inmediatez, gracias a su conocimiento especifico del monte, por ejemplo, mediante la elaboración de atestados. En la propia definicion de los agentes forestales desaparece, además, la palabra "funcionarios", algo que puede ser indicio de una voluntad de privatización de las tareas de vigilancia y seguridad de los bosques.

De hecho, en la Comunidad de Madrid no se convocan plazas de agentes forestales desde hace 11 años, mucho antes de los recortes impuestos por los objetivos de reducción del déficit públicos.

En síntesis, esta reforma supone un nuevo recorte de los derechos de los ciudadanos, completamente injustificable y, ademas, contrario a las normas y orientaciones europeas sobre preservación de la biodiversidad. Algo increíble en España, un país con un capital natural tan valioso. Y también un país especialmente vulnerable ante el cambio climático.

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008. Actualmente es miembro de la la Global Ocean Commission.

Aumentan los expedientes sancionadores en los embalses de Mequinenza y Ribarroja

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Los efectivos de las distintas administraciones que vigilan estos embalses suman 1.633 denuncias en 2014

El término de Caspe contabiliza 753 de estos expedientes

A 1.633 expedientes sancionadores ascendió en 2014 el volumen sancionador en relación con la pesca en los embalses de Mequinenza (1.158) y Ribarroja (475) a través  del Plan de Inspección Anual en estos entornos, expedientes que vienen a ser el resultado de las labores de inspección y vigilancia  tanto desde la orilla como mediante el empleo de embarcaciones.

Estos expedientes se reparten entre los de efectivos de la Guardia Civil (905 expedientes), Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón (437 expedientes), guardas de campo (252 expedientes), y personal de otras dependencias y servicios del Gobierno de Aragón (6), además de otras administraciones (32).

Por términos municipales la distribución de los expedientes es la siguiente: Caspe (753), Chiprana (152), Escatrón (123), Sástago (130), Mequinenza (354), Fayón (96), y Fraga (25)

El director general de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla,  destacó que “hay que considerar estos dos embalses de forma muy especial puesto que tienen un importante poder de atracción para aficionados de muchos países europeos. La consideración singular de  estas masas de agua hace que haya instrucciones específicas respecto a los APNs, así como un trabajo coordinado con la Guardia Civil y los gestores del Coto Deportivo del Embalse de Ribarroja. En definitiva,  que haya un mayor control y una mayor vigilancia”. 

El incremento de los expedientes sancionadores es manifiesto. En 2011 se iniciaron 491, una cifra que prácticamente se dobló en 2012 al alcanzar los 958. Volvieron a incrementarse de forma notable en 2013 hasta llegar a los 1.091 expedientes y al acabar 2014 la cifra es de 1.633.

Pablo Munilla entiende que “por diversas circunstancias, estamos en un momento en que hay que ejercer esta vigilancia y este control, que lleva a unos determinados expedientes. Pero somos muy conscientes que sancionar no es la única misión de una Administración y trabajamos en otras direcciones, encaminadas a la información y a unas buenas prácticas que, sin dudan, personifican miles y miles de aficionados”.

Los tipos de infracción más frecuentes son las de pescar sin licencia y/o sin permiso del coto en estos embalses, pescar con artes ilegales (cebos prohibidos, redes, anzuelos no permitidos…), pescar con más cañas de las autorizadas, pesca fuera de horarios autorizados, cebados ilegales de aguas, uso de rejones para mantener los peces, tenencia de especies exóticas vivas, incumplimiento de la normativa de navegación y desinfección de embarcaciones y elementos. Este tipo de expedientes suman 1.285.

Asimismo, son frecuentes las acampadas ilegales (92 expedientes) y el uso del fuego ligado a esas acampadas, ya que en algunas ocasiones los grupos de pescadores ilegales pernoctan procedentes de algunos países europeos.

En cuanto a redes, cabe señalar que anualmente se retiran del embalse numerosas redes de las que no se llega a descubrir la titularidad o responsabilidad sobre las mismas. Cada tramo de red tiene una longitud mínima de unos 50 metros lineales aunque en ocasiones son longitudes superiores a los 100 metros.

Además de estas redes de longitud considerable, son habituales los decomisos de pequeñas redes, rejones y viveras usadas para la captura y tenencia de peces para cebo o de las especies pescadas en vivo. 

En relación a los efectos decomisados en denuncias de pesca, sobre todo cañas, carretes, viveras y rejones, durante este año se habilitó un almacén central de depósito, en el que los efectos de este tipo incautados en denuncias administrativas efectuadas tanto por números de la Guardia Civil como APNs u otros servicios, dentro de la provincia de Zaragoza, quedan depositados en él, bajo la custodia del Gobierno de Aragón, hasta la finalización del expediente sancionador. En la actualidad, en este almacén de depósitos se custodian alrededor de 1.500 cañas decomisadas en los últimos años.

Además de los datos de denuncias efectuadas en el entorno de los embalses de Mequinenza y Ribarroja, los APNs del entorno realizan numerosas inspecciones relacionadas con el ejercicio de la pesca que no derivan en expedientes sancionadores. 

Al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón le compete, en general, la vigilancia del territorio en materias ambientales: pesca, caza, montes, incendios, espacios naturales, vías pecuarias o residuos, entre otros aspectos, labor que se realiza a través de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs). En labores de vigilancia también participan  los Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y guardas de campo.

Los embalses de Mequinenza y Ribarroja regulan los caudales del Ebro sobre terrenos pertenecientes a tres comarcas aragonesas: Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragon-Caspe y Bajo Cinca, suelos que, a su vez, se reparten entre siete municipios: Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza, Fayón, todos ellos de la provincia de Zaragoza, y Fraga (Huesca).

Los forestales denuncian la falta de material para vigilar el monte y controlar la fauna

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Los forestales recorren hasta 60 km para repostar por la deuda con las gasolineras

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APN´s y Policía Local denuncian una captura ilegal de fringílidos en Zaragoza

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Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, en colaboración con agentes de Policía Local de Zaragoza, denuncian la captura de aves fringílidas y la tenencia y colocación de artes ilegales para las capturas en el entorno de Zaragoza.

El pasado sábado, 14 de diciembre, agentes de la Policía Local de Zaragoza solicitan apoyo de Agentes para la Protección de la Naturaleza al descubrir una posible actuación ilícita de captura de aves. La patrulla de Policía Local identificó a varios implicados.

Los  Agentes para la Protección de la Naturaleza descubren en el lugar de los hechos una red abatible, junto a un bebedero y restos de alpiste y otros elementos usados para atraer y capturar a los pájaros, así como restos recientes desmembrados de un jilguero y ocho jaulas que contenían 10 ejemplares de fringílidos vivos (8 jilgueros, 1 pardillo y 1 verderón).

Tras la actuación se incautaron las artes prohibidas y los pájaros, formulando la consiguiente denuncia por los hechos.

CONTRA EL VENENO EN TARAZONA

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El presidente de la Sociedad de Cazadores de Tarazona, Ángel Lasheras, informa de que agentes de protección para la naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón «denunciaron a principios de noviembre

a dos personas, a quienes sorprendieron colocando sustancias muy tóxicas en el interior de madrigueras de conejos en la zona del la Dehesa, paraje del coto de Tarazona».

«En su inspección, los agentes de protección de la naturaleza localizaron alrededor de 50 pastillas dentro de los cados y dos latas con más de 1.000 unidades en total», apunta.

«En una revisión posterior, los APN, acompañados por la Unidad Canina Antivenenos de la DGA, localizaron nuevas pruebas, que se han añadido a las diligencias practicadas.

Los agentes han denunciado los hechos ante los servicios competentes de la DGA y el Juzgado de Tarazona», añade Lasheras.

Ganadores de los Premios Francisco Bernis de conservación de la naturaleza

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Publicado el 03/12/2014 por SEO/BirdLife

La Estación Biológica de Doñana, los Agentes Forestales y Medioambientales de España, EFEverde y la investigadora Martina Carrete son los ganadores en las cuatro categorías. Los galardones se entregan el 6 de diciembre durante la celebración en Madrid del XXII Congreso Español de Ornitología, la cita más importante para los expertos en estudio y conservación de aves en España.

Estatuillas de los Premios Francisco Bernis.

Durante la inauguración del XXII Congreso Español de Ornitología, el próximo sábado 6 de diciembre de 2014, SEO/BirdLife entregará los VI Premios Francisco Bernis* de Ornitología, que distinguen a aquellas personas o entidades que han destacado por su trayectoria o trabajo a favor de la conservación de la naturaleza.

En esta edición, que coincide con el 60 aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Ornitología, los galardonados en las cuatro categorías existentes han sido los siguientes:

Premio Francisco Bernis a la Trayectoria

La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha sido galardonada en la categoría de Trayectoria por la calidad y trascendencia social de su trabajo desde su creación en 1965. El jurado ha valorado que la EBD es un reconocido referente a nivel nacional e internacional y ha generado una abundante producción científica para la comprensión de los ecosistemas y sus interacciones, contribuyendo con ello a su conservación.

Premio Francisco Bernis a la Conservación

Los Agentes Forestales y Medioambientales de España han obtenido el premio en su categoría de Conservación por su esforzada labor de conservación y vigilancia en el campo. “Son un cuerpo imprescindible para la vigilancia y defensa de la naturaleza”, resalta el jurado en su justificación del fallo.

Premio Francisco Bernis a la Divulgación

EFEverde de la agencia EFE ha resultado ganadora en la categoría de Divulgación por su contribución a la información ambiental y la difusión de contenidos de alta calidad. “EFEverde presta un servicio esencial para la difusión de contenidos ambientales y lo hace con calidad periodística, rigor e indenpendencia” valora el jurado, que también destaca el impacto que tienen esas informaciones en países de habla hispana.

Premio Francisco Bernis a la Investigación 

La investigadora Martina Carrete, de la Universidad Pablo de Olavide, ha obtenido el premio en la categoría de Investigación. El jurado resalta las aportaciones de Carrete a la biología de la conservación, “inicialmente centradas en especies amenazadas de rapaces, pero que en la actualidad trascienden a otros campos como la gestión del territorio, las invasiones biológicas o la adaptacion a ambientes urbanos”. Precisamente, Martina Carrete expondrá algunos de sus estudios durante el XXII Congreso de Ornitología en una sesión plenaria titulada La invasión de los medios urbanos por las aves: perspectivas de un proceso de evolución contemporánea.

SOBRE LOS PREMIOS FRANCISCO BERNIS 

El ornitólogo y catedrático de Zoología * Francisco Bernis fue un pionero del estudio y la conservación de las aves en España y fundador de la Sociedad Española de Ornitología en 1954. Desde 2004, SEO/BirdLife concede cada dos años estos premios en su recuerdo.

Balance optimista del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos de 2014

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La cifra de seguimiento de la población reproductora en Aragón alcanza las 86 unidades territoriales, el doble que en los inicios del Plan

Aragón tiene, por cantidad de ejemplares, el principal núcleo poblacional de la especie en Europa, de ahí su importante tarea de conservación de esta ave singular

Durante el año 2014, el seguimiento de la población reproductora en Aragón arroja la cifra de 86 unidades territoriales, el doble de las unidades conocidas en 1994 (39), año de inicio de las acciones del Plan de recuperación. En esta temporada se han llegado a controlar de manera satisfactoria 73 territorios, en 47 de ellos se ha comprobado que ha habido puesta. Casi el 50% de estas puestas han fracasado, pero además, de los 24 nacimientos constatados, han llegando a volar 17 pollos en Aragón, lo que supone el 39,53% de los pollos que han volado en todo el Pirineo.

Desde que se comenzó a ejecutar el Plan de Recuperación y se lleva a cabo el seguimiento de la población, el número de territorios de quebrantahuesos ha crecido de manera constante, con una tasa media de crecimiento de aproximadamente el 6% anual. Sin embargo, el número de pollos que vuela cada año no ha sufrido ni mucho menos ese crecimiento, sino que parece mantenerse estable. Situación sobre la que se está trabajando actualmente, ya que implica que la productividad de la población (medida en términos de nº de pollos volados en relación al nº de territorios controlados) haya ido decreciendo de manera gradual.

Junto al seguimiento del estado demográfico de la población, los trabajos del Plan de recuperación en 2014 han mantenido el esfuerzo de aportar alimento de calidad en los 8 comederos específicos para el quebrantahuesos que se mantienen en Aragón, lo que ha supuesto este año algo más de 30.000 Kg de huesos. Esta alimentación suplementaria asegura aporte trófico de calidad que trata de evitar, en la medida de lo posible, los riesgos aún existentes de muerte por envenenamiento y de asegurar la cantidad suficiente de alimento que compense la falta de disponibilidad de comida ligada al evidente descenso en la ganadería extensiva de montaña, fuente tradicional de recursos para esta especie.

Otra de las líneas de trabajo del Plan es el seguimiento de aves marcadas. Desde 1994 se han marcado en Aragón más de 100 ejemplares de quebrantahuesos. Y es que estos animales aportan información sobre aspectos cruciales como los movimientos de los ejemplares, la supervivencia juvenil y las causas de mortalidad. En 2014 el seguimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza ha permitido trasladar al centro de recuperación de La Alfranca a dos ejemplares heridos y se han detectado tres casos de muerte en nuestro territorio.

Uno de los logros del Plan ha sido dar a conocer al quebrantahuesos a la propia sociedad aragonesa, pasando en estas dos décadas de ser una especie prácticamente desconocida a ser un ave popular, valorada y emblemática en nuestra Comunidad Autónoma. Para este fin se han desarrollado intensos programas de educación ambiental dirigidos básicamente al sistema educativo, así como campañas de sensibilización y divulgación ambiental destinadas al conjunto de los ciudadanos.

Por último, cabe destacar que el Gobierno de Aragón, a través de las acciones del Plan de recuperación, comenzó ya en 2013 la colaboración con el programa de reintroducción del quebrantahuesos en los Picos de Europa, financiado por el programa LIFE12 NAT/ES/000332 y cuyo beneficiario principal es la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Como Aragón, en dicho proyecto participan también el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla y León, y su objetivo es el desarrollo de acciones dirigidas a fomentar la colonización natural de la cordillera cantábrica por parte de la especie a través de la reintroducción de ejemplares procedentes de la población pirenaica.

En el marco de esta colaboración, en 2014 Aragón ha cedido al programa las puestas de 3 unidades reproductoras, seleccionadas previamente de entre un conjunto de parejas que habitualmente fracasan en la eclosión o crianza del pollo. Los tres pollos nacieron en cautividad en el Centro de Cría en Aislamiento Humano de La Alfranca, y tras un periodo de crianza y aprendizaje en instalaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, fueron liberados en el mes de julio en el Parque Nacional de Picos de Europa. Uno de ellos falleció poco después de su liberación tras el ataque de un ejemplar juvenil de águila real.

El Plan de Recuperación del Quebrantahuesos: dos décadas de vida y trabajo

Desde hace 20 años el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos es una realidad en Aragón. Una realidad razonablemente optimista en términos generales, de acuerdo con los datos del seguimiento de la especie en 2014, aunque siempre manteniendo la cautela sobre las necesidades de conservación de esta ave emblemática para Aragón.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una especie de buitre altamente especializado, que mantiene poblaciones distribuidas por los principales sistemas montañosos de Europa, Asia y del norte y este de África. Aunque a nivel mundial y según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), no se trata de una especie amenazada, sí que lo está en Europa, donde desde finales del siglo XIX ha sufrido un declive continuo que le ha llevado a la práctica desaparición de las montañas occidentales del continente. La persecución directa de ejemplares o las afecciones indirectas, ya sea por molestias en fases cruciales de su ciclo reproductor o por el efecto del uso de tóxicos en campañas de envenenamiento dirigidas al control de los predadores de la ganadería o de las especies de caza, fueron los artífices de su declive. A ello, y especialmente en la última mitad del siglo pasado, se sumó el efecto de los accidentes con tendidos eléctricos aéreos.

Desde mediados del siglo XX, en Europa, la última población natural viable, y por tanto con posibilidad de mantenerse por si misma, se ha limitado a los Pirineos. Y durante todo este tiempo Aragón tiene, por cantidad de ejemplares, el principal núcleo poblacional de la especie en Europa. Con datos de 2014, el 39% de los territorios reproductores que se han controlado en Europa se encuentran en Aragón. Es indudable por tanto, que Aragón tiene un papel de actor principal en la tarea de conservación de esta singular ave necrófaga.

Consciente de esta responsabilidad, en 1994 el Gobierno de Aragón aprobó el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (Decreto 184/1994), que fue revisado y actualizado en 2003 (Decreto 45/2003). En él se estableció un régimen de protección para la especie y se fijó como principal objetivo incrementar el número de ejemplares hasta conseguir un núcleo poblacional estable y autosuficiente en su área de distribución actual. Para alcanzar este objetivo, el plan contempla un conjunto de acciones directas de conservación, que van desde la administración de alimentación suplementaria, al seguimiento de la fracción reproductora, el marcaje de ejemplares, o la determinación de las causas de mortalidad no natural, entre otras. También incluye acciones indirectas de conservación, al establecer criterios para compatibilizar la persistencia de la especie con la realización de determinadas actividades que pueden incidir negativamente sobre su ciclo vital: obras, actividades cinegéticas o turísticas, etc.

Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Medio Natural, sobre el terreno, el peso final de las acciones del Plan recaen fundamentalmente en dos colectivos. En primer lugar, los técnicos y Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, responsables últimos de la vigilancia sobre la especie, y suministradores de gran parte de la valiosa información acumulada en los últimos tiempos. Y por otra parte, la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos, apoyo fundamental en la puesta en marcha del plan de recuperación, primero a través de los convenios de colaboración que mantuvo con el Gobierno de Aragón, y ahora a través de los trabajos que desarrolla sobre la especie, ya sea promovidos por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, o por iniciativa propia, algunos de ellos con financiación de la Unión Europea.

La coordinación y el intercambio de información con las Comunidades Autónomas vecinas y con Francia, ha permitido en los últimos tiempos comenzar a poner en marcha acciones dirigidas a favorecer la colonización de los territorios considerados como hábitat potencial para la especie, y a intentar garantizar la viabilidad genética y demográfica del conjunto de la población pirenaica.

Pero esta necesidad de coordinación en las acciones de conservación de esta especie ha trascendido al entorno pirenaico, llegándose a la firma en febrero del presente año de un Protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la mayor parte de las Comunidades Autónomas españolas (todas salvo tres), para impulsar las acciones que sean pertinentes con el fin de asegurar la conservación de esta especie. Sin duda, la marcha de los trabajos del Plan de recuperación en Aragón ha favorecido la firma de este acuerdo global.